SALTA (Redacción) – Los casos de abusos policiales en Salta continúan y en esta ocasión se encuentra implicado un efectivo de 44 años por un suceso de hace 7 años. Precisamente, esta acusado de desempeñar «un exceso en sus funciones» contra un denunciante que estaba con su familia y recibió balazos de goma. Por su parte, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa.
En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que el violento episodio tuvo lugar el 4 de abril de 2014, cerca de las 22 horas. En aquella jornada, el denunciante se encontraba con su familia en el exterior de su vivienda ubicada en barrio Justicia, en la zona sudeste de Salta. Allí, se originó un conflicto del que participaron otras personas y eso motivó la llegada del personal policial de la la División Seguridad Urbana.
Conductas para causar daños
Esta última división estaba a cargo del efectivo imputado en la causa. Y según la fiscal, desempeñó un exceso en sus funciones contra de la integridad física del damnificado. «A quien persiguió disparándole balas de goma que impactaron en la espalda, nalgas, pantorrilla y muslo de la víctima. Y le provocaron lesiones que fueron constatadas por médicos del CIF», precisaron desde el organismo provincial.
Por esta situación, Simesen de Bielke requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Carlos Gustavo Enríquez, de 44 años. «Acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de autor», detalló en su solicitud. «Mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas consistentes en causar un daño a la integridad física del denunciante», agregó.
«Las lesiones constatadas en la integridad física de la víctima permiten sostener que la conducta de Enríquez resulta penalmente reprochable. Pues, son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos», argumentó la fiscal. Y finalmente recordó que el reglamento policial indica que el uso de la fuerza pública «está regido por una serie principios, entre ellos, la ‘racionalidad'».
