SALTA (Redacción) – Los tres policías de Salta que habían sido detenidos el pasado lunes 19 de abril irán a prisión preventiva. Estos efectivos se encuentran imputados en múltiples causas por abuso de la fuerza mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana. La fiscal del caso señaló que los implicados podrían «influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal».
Según detallaron desde la Fiscalía, en las múltiples causas se observa que los policías: «Acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad). Y en muchas situaciones sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales». Además, uno de los damnificados es Luciano Cruz, un joven salteño que perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los oficiales.
En los fundamentos para solicitar la prisión, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke remarcó los diferentes elementos colectados durante la investigación. «Permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga. Con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial», apuntó ante el Juzgado interviniente.
De la misma manera, la funcionaria completó: «Surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida. Sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial. Y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad».
Los policías podrían influir en la declaración de los testigos
Simesen de Bielke solicitó la prisión preventiva de estos efectivos de la policía de Salta por varias razones. «Debido a la existencia de motivos suficientes para sospechar que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, tienen vinculaciones dentro de la fuerza de seguridad y acceso a información que no tiene un ciudadano común. Dicha posición permite sospechar que podrían influenciar a personas que serán llamadas a deponer en la audiencia de debate ante el Tribunal», explicó.
Finalmente, el Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al pedido de prisión. Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción. También está implicado el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta. Y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos. Todo ellos están imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.