SALTA (Redacción) – Al menos 11 trabajadores salteños sufrieron explotación laboral por parte de una pareja de bolivianos en una cosecha en San Juan. Los bolivianos Ricardo Guzmán Cruz y Flora Choque Villalobos albergaron a las víctimas del delito de trata laboral en un predio de su propiedad bajo pésimas condiciones habitacionales. Según informaron desde la Justicia ni siquiera les daban agua.
Este lamentable caso sucedió en una finca de Media Agua, en Sarmiento. Y los salteños fueron engañados en el monto que les iban a pagar y resultaron explotados en la cosecha de aceituna. Cabe apuntar que el matrimonio no actuó en soledad. Ya que contaron con la colaboración de Iván Alberto Herrera, quien captó a los obreros y les ofreció el trabajo. En tanto, tras reunir todas las pruebas, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó a los tres implicados como presuntos coautores de trata de personas.
Además, los cargos contra los implicados fueron agravados por la cantidad y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, sumado a que entendió que se consumó la explotación. La resolución de la Justicia Federal trascendió en las últimas horas y el procesamiento contra los imputados salió sin prisión preventiva. Por los crímenes que cargan los imputados, las penas van desde ocho a 12 años de cárcel.
Los detalles del caso de trata laboral
De esta forma, se trata del segundo caso de trata laboral en un estado avanzado de investigación. El primero está a punto de ventilarse en un juicio oral y público. Sobre este caso cabe señalar que estalló el pasado 9 de marzo, luego de que una de las trabajadoras se escapara del predio y radicara la denuncia en la Comisaría Nº8. Allí expuso las deplorables condiciones en las que vivía y se sumó el testimonio de su pareja con otros obreros.
Según indica el expediente judicial, el imputado Herrera contactó a los trabajadores en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán. El joven de 24 años les ofreció la oportunidad en la cosecha de aceituna, bajo la promesa de traslado y alojamiento gratuito. Así también un salario de 200 pesos por cajón. Sin embargo, cuando llegaron sufrieron sometimientos a «precarias y deplorables condiciones de habitabilidad».
Para asegurarse el cobro, les retuvieron los DNI. Además, les indicaron que tenían que conseguir su propia comida y agua. No fue lo único, sino que no les entregaron herramientas de trabajo y, las pocas que les suministraron, les aclararon que, si las rompían, se las iban a descontar de la paga. Con varios elementos, Rago Gallo dio por probada la figura de trata laboral, ya que destacó que Guzmán y Choque «acogieron» a los trabajadores con fines de explotación comercial.
