SALTA (Redacción) – Una fiscal pidió la prisión preventiva para un abogado salteño y asesor de la Cámara de Senadores de Salta que está detenido desde el 8 de julio pasado. El funcionario está imputado tras ser denunciado más de 20 veces por distintos hechos de violencia de género en un año. Las denuncias fueron radicadas por parte de su ex pareja.
La fiscala penal de Violencia de Género 2, María Luján Sodero, solicitó al Juzgado de Garantías de turno que dicte la prisión preventiva y la realización de evaluación psicológica y psiquiátrica al abogado salteño. El acusado fue detenido el 8 de julio, en el marco de una serie de allanamientos, con numerosas denuncias de violencia en su contra.
Sodero sustentó el pedido en la necesidad de salvaguardar la vida de la mujer hacia la cual el acusado ejerció en distintas oportunidades actos de violencia. Además de sus reiteradas violaciones a las medidas adoptadas por la Justicia para preservar a la víctima, a su hijo y otra ex pareja del abogado, quien al prestar declaración testimonial también dio cuenta de episodios de violencia.
Por otra parte, la fiscal tomó conocimiento de que el hijo de la víctima había denunciado en febrero pasado al abogado. También por amenaza de muerte en su contra y de su madre, la que habría llegado a través de una nota enviada a su domicilio. Por ello, la fiscala sumó el delito de amenazas agravadas a las imputaciones realizadas el 14 de julio pasado.
Ahora al acusado en cuestión se le suman causas por desobediencia judicial, turbación de la posesión y desobediencia judicial en concurso ideal. Además coacción agravada y desobediencia judicial en concurso ideal. Y amenazas agravadas y desobediencia judicial en concurso ideal en 14 hechos, y amenazas agravadas.
Al imputarlo, Sodero expuso todos los hechos denunciados por la mujer. Y resaltó la vigencia de una resolución del Juzgado de Violencia Familiar y Genero 2, del 29 de mayo de 2020, a través de la cual se ordenó la exclusión del hogar del acusado. Y en consecuencia, se dispuso que deje el domicilio con prohibición de ingresar a ese lugar.
Asimismo, le prohibió acercarse a los lugares a los que concurra la víctima. Lo intimó a mantenerse a una distancia de 300 metros de la denunciante. El Juzgado lo intimó a abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en contra de la víctima y su grupo familiar. Como así también de proferir insultos, palabras agraviantes o realizar amenazas descalificantes por cualquier medio.