SALTA (Redacción) – Tres hombres privados de su libertad en Córdoba terminaron trasladados y se encuentran detenidos en Salta por engañar a una docente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, los acusó porque, «mediante ardides y engaños», conformaron una asociación ilícita para cometer distintas estafas telefónicas. «En mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una mujer salteña. Con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones bancarias en perjuicio de la víctima», detalló.
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal completó que el fiscal los imputó «provisionalmente» los delitos de «estafa y asociación ilícita» en concurso real. Los implicados son Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Todos resultaron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. «No se descartan nuevas detenciones e imputaciones», advirtió el organismo.
Detalles de la estafa con el IFE
En tanto, el Ministerio Público detalló que las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, una mujer docente. Ella relató que el 29 de mayo de 2020 recibió un llamado de un supuesto abogado y representante de ANSES. Este aseguraba que era encargado de tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). «Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho un reclamo», detalla el informe del caso.
Luego, el 8 de junio pasado la víctima se acercó a un cajero automático para extraer fondos y solo tenía $400, cuando debía tener al menos veinte mil). «En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que los fondos habían sido transferidos», señalaron. Sin embargo, durante la investigación, el fiscal determinó que la organización delictiva estaba compuesta por dos familias. Estos operaban desde el Complejo Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”.
Por otra parte, tres de los implicados se encontraban privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas provincias del norte argentino. Allí se hacían pasar por abogados de Anses y lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos familiares directos que no estaban privados de la libertad.
La banda contaría al menos con ocho integrantes
Según lo recabado por el Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de Salta: «Una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la pareja de ésta. Mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias para retirar el dinero». «Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus integrantes», detallaron.
Por otra parte, señalaron que la banda utilizaba una línea telefónica para brindar identidad ficticia y conseguir los CBU de las víctimas. «Y tenían roles y funciones bien designadas (personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero ilícito)», agregó el informe oficial.
Luego, confirmaron la «permanencia en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual». «Por el contrario, la modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación del coronavirus», concluyó el Ministerio Público. De igual modo, la investigación continúa: «En pos de detener e imputar al resto de la banda».