SALTA (Redacción) – El robo de caños del gasoducto NEA fue, sin duda, una de las estafas más graves que vivió el pueblo salteño. Durante este jueves, la Justicia de Salta dictaminó, a través del Tribunal Oral Federal N° 2, qué papel y responsabilidad se le atribuye a cada uno de los que estaban siendo acusados. El empresario Alos, el exintendente Prado y Adrián Vera han sido declarado culpables.
Fueron cinco meses de audiencia para determinar el rol que ocupó cada uno en el robo de caños acompañado por el delito de defraudación a la Administración Pública. La sesión terminó cerca de las 21 horas y en la exposición, hecha por el juez Abel Fleming (presidente) junto a los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule, se recorrieron los hechos, las pruebas y la calificación jurídica, el tribunal definió la culpabilidad de Prado, intendente de Aguaray por entonces, a Diego Alos, titular de la empresa OSYP SA y a Adrián Vera.
La figura penal que se le atribuye a los tres es la de robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, a la vez en su carácter de delito continuado y en calidad de coautores. El robo de caños del gasoducto se considera como el mayor caso de corrupción perpetrado sobre una obra del Estado Nacional. A Vera también se le sumó el delito de falsificación de documentos.
Con respecto a los absueltos, Dante Rodríguez había llegado al juicio en calidad de imputado por haber robado 14 caños, que lo había cometido en el año 2019. La fiscalía había pedido su absolución por el beneficio de la duda y los jueces ratificaron esa condición en su fallo. Fredy Marcelo Céspedes, quien era secretario de Haciendas de Aguaray como también Andrés Ayala, gerente de la empresa PERTERSER S.R.L fueron beneficiados con la absolución.
Lo mismo ocurrió con Miltón Saavedra y Bruno Degoy; gerentes de MyP Servicios Esenciales, también al titular de la Empresa COMARFIL S.A., Matiás Rossi y Cristina Buczek, encargado de la empresa Vera S.A, los jueces optaron por la absolución de cada uno de ellos de manera lisa y llana. Sin embargo, un miembro del Ministerio Público confirmó que «vamos a evaluar más a fondo los argumentos esgrimidos por el tribunal y si entendemos que es necesario recurrir la sentencia se procederá en ese sentido».
