SALTA (Redacción) – La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó en las últimas horas la realización de una «pericia contable» con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras 11 personas. El motivo de esta medida es intentar esclarecer el origen de los millones que tenía el dirigente político en la casa.
Según informó la fiscal Salinas Odorisio: «El objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa». A pesar del tiempo transcurrido desde el descubrimiento de las pruebas y la detención del exjefe comunal Rubén Méndez, la pericia tendrá lugar en febrero de 2022. «Podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados», aclararon desde el Ministerio Público Fiscal.
Detalles de la causa contra Rubén Méndez
Cabe recordar que toda la causa comenzó luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza. Por este accionar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot dispuso la realización de 18 allanamientos en la localidad fronteriza con Bolivia.
«Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350 (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa», recordó el organismo.
Además, cabe mencionar que el exintendente Rubén Méndez terminó imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.