SALTA (Redacción) – Por este medio venimos comunicando hace meses que Gustavo Orozco está atravesando una complicada situación judicial y que su vida política corría serio riesgo. El Ministerio Público Fiscal lo está investigando por torturas y vejaciones cuando aún ejercía su rol como efectivo de la Policía de Salta. A su vez, hace poco tiempo tuvo un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de la provincia, Abel Cornejo.
La defensa del diputado había presentado un recurso de inconstitucionalidad y que se presentó ante la Sala IV del Tribunal de Impugnación. En la misma se pedía el sobreseimiento de Gustavo Orozco y de los otros 8 imputados en esta causa. El fundamento que utilizó el abogado fue el vencimiento del plazo máximo para celebrarse el juicio de acuerdo a lo previsto por art. 219 del Código Procesal Penal.
Por su parte, la Corte Suprema de Salta partió de la base de considerar que la resolución del Tribunal de Impugnación no podía ser criticado ya que no se trata de una sentencia definitiva. Tampoco se afectó la garantía constitucional del diputado Orozco ni del resto de los imputados. Esta sentencia es la que está liga al diputado a supuesta tortura en una intervención policial.
Todo esto implica que el máximo tribunal de Justicia de Salta impuso que se siga con los caminos procesales en esta causa. Por lo tanto, el siguiente paso en este caso de Orozco será que tenga que presentarse a audiencia para testimoniar. Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra son los encargados de esta causa judicial en contra del legislador provincial.
Avanzar con el desafuero del diputado
Ante esta instancia del proceso judicial en el caso del excomisario requiere más que nunca que la Cámara de Diputados avance con el pedido de desafuero de Gustavo Orozco. Esto se fundamenta en el artículo 122 de la Constitución Provincial de Salta y es que después de rechazarse el pedido de sobreseimiento desde la Corte advirtieron que lo lógico sería que se garantice la expulsión del legislador.
