SALTA (Redacción) – Siguen las repercusiones sobre el beneficio que le otorgaron a Gustavo Zanchetta, condenado a cuatro años y medio por el delito de abuso sexual. Alejandro Saravia fue fiscal ante la Corte Suprema de Salta y repudió la resolución judicial que favoreció al exobispo de Orán. La prisión domiciliaria se aplica exclusivamente para personas enfermas, mayores de 70 años, mujeres embarazadas y madre con hijos menores de 5 años.
El letrado comparó el caso del exobispo de Orán con lo ocurrido con Amado Boudou. En este sentido y los nombrado previamente se activa arbitrariamente la prisión domiciliaria. A quien fuera vicepresidente «se le dio prisión domiciliaria porque tenía hijos de corta edad, la mujer mexicana y él tenía que ayudarle a cuidar a los chicos», explicó. Ahora, el caso de Zanchetta amerita ser analizado más profundamente pero no desestima a posibilidad de que hayan primado los intereses religiosos.
«Se aplica torcidamente esa norma, hay privilegios«, manifestó Saravia sobre el religioso. Al respecto, aclaró que «en el caso de Zanchetta, no sé si tiene alguna enfermedad, más de 70 años. El tema es si entra dentro de los cánones legales o si son favoritismos. Habría que ver los fundamentos que tuvo esa sala». Planteó lógico el que se hizo el fiscal ya que el cura tiene 58 años, muy lejos de la edad hábil para tal beneficio.
Saravia no desestimó el fuerte poder de la Iglesia
En este sentido, aclaró que «la iglesia católica en Salta, y en Argentina en general, tiene las características de una corporación muy influyente, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista simbólico». Esta es la razón por la cual desconfía de los fundamentos que libraron a Zanchetta. «Me inclino a creer que se le otorgó un privilegio en función de esa posición preeminente que tiene la iglesia«; planteó.
Por último, se refirió al Ministerio Público Fiscal el cual supuestamente «actúa en representación de la sociedad para custodiar la aplicación correcta de las leyes. Tiene como tarea esencial el controlar el cumplimiento de las leyes, de parte de todos los poderes, especialmente del Poder Judicial». Por ello es que es plantea la necesidad de preguntarle a García Castiella «qué es lo que está haciendo y que le pida informes al fiscal actuante ante la sala aquella de Orán para ver si los fundamentos son razonables”.
