La investigación por trata de personas en la ciudad de Salta avanza bajo la órbita federal. Los fiscales identificaron más de 30 víctimas y posibles vínculos con empresarios locales. La Fiscalía de Distrito inició una causa penal contra un remisero y tres hombres acusados de captar adolescentes de un colegio secundario para explotarlas sexualmente. El juez federal Julio Bavio ordenó prisión preventiva para los cuatro tras el pedido del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Los investigadores acusan a los detenidos de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas. También por la intervención de más de tres personas. Un joven de 16 años enfrenta cargos como partícipe secundario bajo un régimen especial.
Según la Fiscalía de Distrito, el remisero lideraba la captación y organizaba los encuentros. Las reuniones ocurrían en moteles y en la vivienda de uno de los implicados. Hasta ahora, los fiscales confirmaron tres víctimas, aunque estiman que hay más.
Durante la audiencia, el fiscal Villalba calificó el caso como de “gravedad inusitada”. Explicó que varias denuncias previas no recibieron atención de los organismos del Estado. Esa falta de respuesta permitió que la red siguiera activa. La investigación busca determinar si existieron omisiones o encubrimientos por parte de funcionarios.
El remisero se ganó la confianza de las familias para acercarse a las adolescentes. Las víctimas contaron que el acusado ofrecía dinero y regalos a cambio de favores sexuales. También las presionaba psicológicamente para que guardaran silencio.
Los fiscales detectaron una escala de precios por diferentes prácticas sexuales. Los montos iban de 60 mil a 200 mil pesos. Los imputados cobraban en efectivo o por transferencia y coordinaban las citas al finalizar las clases.
Una denuncia adicional lo señala por abuso sexual contra una niña de 12 años, hermana de una de las víctimas. La madre presentó la denuncia al encontrar mensajes comprometedores en el teléfono de su hija.
Las víctimas asisten a la Escuela Juan Carlos Saravia, ubicada en barrio Limache. La causa pasó de la justicia provincial a la federal. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas colaboran con los peritajes y testimonios.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los acusados. Argumentó riesgo de fuga y posibles presiones a las víctimas. El juez Julio Bavio aceptó el pedido y destacó la importancia de proteger la dignidad de los menores afectados.
La investigación continúa. Los fiscales esperan más declaraciones y nuevos peritajes para definir imputaciones y ampliar el alcance de la red de trata.