SALTA (Redacción) – El senador provincial Sergio Ramos expresó su visión acerca de la propuesta de Emergencia Alimentaria que en las últimas semanas han venido impulsando fuertemente a nivel nacional los integrantes del frente Consenso Federal. Al respecto, el dirigente valoró que «en los últimos cuatro años» el Gobierno de Juan Manuel Urtubey «distribuyó a todos los municipios de la Provincia, sin importar la bandería política, 2.100 millones de pesos para programas sociales«.
En diálogo exclusivo con Salta 4400, Ramos aludió que en este marco también se incluyó a la «Cooperadora Asistencial, que ya venía con una normativa legal». Asimismo, también recordó que la titular del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia, Edith Cruz, ya había planteado que «todos los recursos de ‘asistencia critica’ sean destinados a la parte alimentaria». «El tema es que esto queda en exclusiva disposición de cada uno de los intendentes, con el control de los concejos deliberantes», agregó.
Viviendas
Consultado por la reunión que días atrás mantuvo con las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el legislador comentó que estuvieron analizando algunas alternativas para mejorar las condiciones de acceso para la población. «Nosotros vemos que en la crisis por la que estamos pasando no hay instrumento dentro del Estado para afrontar los problemas que está acarreando la gente», formuló, al tiempo que apuntó que «mucha gente dejó de alquilar».
En este orden, Ramon puntualizó que una enorme cantidad de argentinos ha regresado «a la casa de los padres» o, en tal caso, han recibido en sus hogares «al abuelo, el padre, a los hijos, a los nietos y a toda la familia». «Esto trae una serie de problemas entre la familia y, por lo tanto, cuando nos ponemos a ver qué alternativas tenemos para que la gente pueda acceder a lotes con servicios, la única solución es que el Estado compre las tierras, ponga la infraestructura y, de esa manera, tengan lotes de carácter social», expuso.
A pesar de que admitió que a corto plazo «no va a haber recursos» para solventar esta medida, el senador confirmó que buena parte de esta iniciativa está basada en que «el privado ponga los lotes» y, en consecuencia, sostuvo que «se haría una especie de semáforo, teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura y ambientales». En caso que de este proyecto pueda ser viable, manifestó que «el Estado podría colocar infraestructura y el pago al privado sería un porcentaje de los lotes».
En tanto, Ramos señaló que «el régimen que ha implementado la Nación» representa un obstáculo para la implementación de esta propuesta, debido a que «no se condice con la realidad» económica de los salteños. Según explicó los actuales lineamientos determinan que «los vecinos que ganen hasta dos salarios mínimos vital y móvil pueden acceder a planes de viviendas; los que ganen de 2 a 4 salarios mínimos vital y móvil van por otro sistema; y los que alcanzan más de 4 salarios pueden recurrir a instituciones financieras». Ante ello, recalcó que «un matrimonio que labura no puede ir al sistema financiero».
A manera de resumen, Ramos precisó que el propietario de la tierra recibirá «por haber puesto la tierra», mientras que «el Estado se queda con el resto para destinarlo a loteos sociales». En tanto, advirtió que aún se deben discutir una serie de beneficios que recibirán los privados, aunque adelantó que podrían quedarse con una parte de los lotes, los cuales en ese momento contarán «con servicios». Por último, informó que, en caso de aprobarse esta iniciativa, todo el proceso podría extenderse entre «un año y un año y medio».
