SALTA (Redacción) – El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, visitó ayer la ciudad de Salta para participar de la apertura del IV Congreso Argentino de Justicia Constitucional. En ese marco, el funcionario mantuvo un diálogo exclusivo con SALTA4400, en el que se encargó de analizar los temas más importantes de la agenda judicial en el distrito y en el país: el proyecto de juicios por jurados; la reforma del Código Procesal Civil y Comercial; la politización de la Justicia; y la deuda de la Nación con la Provincia.
SALTA4400: Suele venir seguido, pero en esta oportunidad se trataba de algo especial.
Garavano: Sí, la verdad es que se acumularon varias cosas que fueron una verdadera alegría. Por un lado, hoy a la mañana inauguré un importante seminario en la Escuela de la Magistratura sobre Derecho Constitucional y Justicia Social, con expertos de todo el mundo. La verdad que es un seminario de una importancia muy trascendente para la Provincia y todo el país. Luego de eso, algo que me llenó de emoción y satisfacción que fue la entrega del certificado de calidad por parte de la Corte de Justicia a más de 40 jueces de distintos lugares de la Provincia que han trabajado en el programa de calidad que impulsó el Poder Judicial de Salta junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, que llevó a todos estos juzgados y oficinas judiciales, incluso a la propia Escuela judicial de la Provincia, a certificar calidad bajo las normas ISO, certificadas por IRAM.
Eso es muy importante porque se trata de cambios reales en la Justicia que le pueden cambiar la vida a la gente. Son juzgados que se comprometen a atender mejor a la gente, a tener plazos para responder lo que la ciudadanía plantea, y a abordar de una manera moderna el servicio de justicia. Por eso me parece muy importante. Estaban los jueces y las juezas, sus equipos de trabajo, los funcionarios… es un reconocimiento a aquellas personas que toman el servicio de justicia como un servicio a la comunidad. Y, finalmente, un evento de una importancia histórica para todo el país, ya que con la presencia del presidente de la Corte de Justicia y el Procurador nacional inauguramos la nueva Unidad Fiscal Federal de la Jurisdicción Salta. Es un edificio emblemático, muy importante, donde ya están funcionando todas las fiscalías federales de Salta capital.
También se aprovechó esta ocasión para poner en valor estos más de 100 días del nuevo Código Procesal Penal Federal, que empezó a regir en Salta y Jujuy, y que en los próximos meses y años se va a extender en todo el país. La verdad es que la valoración de esta implementación liderada por la Cámara de Apelaciones federal y de la Provincia, con el doctor Catalano y los integrantes de esta cámara, más los jueces y fiscales federales, más la defensa publica, ha sido muy exitosa. El balance, tanto por parte de los jueces como los fiscales, la gente, las fuerzas de seguridad, el equipo de la ministra Patricia Bullrich que se sumó, ha sido muy exitoso a la hora de combatir organizaciones de criminales, de narcotráfico y de trata de personas.
S: Más teniendo en cuenta que el norte es una zona de conflicto por el narcotráfico y el contrabando.
G: Exactamente. De hecho, cuando hoy escuchaba los números que presentaba el Procurador, veía la cantidad de casos que se habían resuelto en pocos días y la cantidad de sentencias que hubo a pocas semanas de iniciado el caso. Es algo que para la Justicia federal es inédito. No había sucedido en ningún lugar del país que un hecho que sucedió hace trece días podía ser resuelto en una audiencia oral. En mi anterior visita me tocó presenciar una audiencia por un caso de contrabando que se resolvió en ese momento, usando estos mecanismos que permite un nuevo Código para investigar el tráfico de droga y a estas organizaciones criminales. Son todas cosas virtuosas de un nuevo Código, que creemos que es un avance histórico para toda la Argentina en materia de justicia penal, y que viene de algún modo a acelerar fuertemente la Justicia, a transparentarla, a hacerla más accesible a la gente; pero además a reforzar esta exitosa política que ha sostenido el Presidente Mauricio Macri, que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y generar instituciones más sólidas, no esta vieja Justicia, tan sospechada y cuestionada.
Juicios por jurados
S: ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de implementar los juicios por jurados en Salta?
G: Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurados. De hecho, hay dos temas sobre los que antiguamente tenía mis reservas: uno eran las normas de calidad, y el otra era el juicio por jurados. La verdad es que en estos últimos cinco, diez años he ido cambiando de opinión. Creo que es una institución muy valiosa, que nuestros constituyentes fueron muy sabios en 1853 en ponerla, y que nuestros reformistas de la Constitución del 94’ también fueron muy sabios en mantenerlo. Es muy valioso avanzar. Nosotros a nivel federal la proyectábamos en un proyecto de la diputada nacional Gabriela Burgos, de Jujuy, que impulsamos en la Cámara para tener al juicio por jurado en el sistema federal. Pensábamos que una vez finalizada la implementación del sistema acusatorio, establecerlo como paso siguiente, que es lo que estaría sucediendo en Salta. La verdad es que el funcionamiento que ha tenido en varias provincias del sur y en Buenos Aires es muy bueno. Hay que ser muy cuidadosos en aspectos logísticos, de costos, de gastos operativos. Por eso recomiendo jurados más chicos que el tradicional, y con algunas pautas un poco más flexibles.
S: ¿Con menos días para reducir el gasto?
G: Definitivamente. Esto tiene que ver con cómo se organice la parte operativa. De todas formas, Salta también mejorando las oficinas judiciales y puede lograr que los juicios se celebren de un modo más concentrado y más eficaz. Por eso, cuando uno tiene menos jurados es menor el gasto, es menor la cantidad de jurados suplentes que se necesitan, y son menores los recursos logísticos. Me parece que hay que hacer proyectos que sean realizables más allá de lo utópico, pero creo que sin dudas es un avance, porque en definitiva la Constitución fue muy sabia en entregar la decisión sobre la comisión de un delito al pueblo. Esa es la base que generalmente olvidamos, y creo que es la forma de volver a enamorar, de que la gente pueda volver a confiar en la Justicia.
S: Al margen del rol que ya cumple en las otras provincias, ¿cómo ve el rol que va a cumplir el juez de un juicio por jurado en Salta?
G: El rol es un poco distinto en términos del veredicto, pero el juez juega un rol muy trascendente en términos de conducción del debate, en la audiencia de juicio, de fijar las reglas claras, y de asegurar que eso se cumpla. Luego, en la imposición de la pena y la sanción, que generalmente lo hace el propio juez, y en el tratamiento de las cuestiones técnicas que puedan plantear las partes. Así que creo que aún en ese sistema los jueces siguen teniendo un valor importante dentro del sistema de Justicia. También en esto lo que hay que evaluar, desconozco el proyecto de Salta, sobre qué tipo de delitos conviene empezar la implantación, si es obligatorio o si es a decisión del propio imputado, y qué pasa con los juicios abreviados en los que hay acuerdos y que, a lo mejor, no es necesario el juicio por jurado. Pensemos en Estados Unidos, que es donde nace, se expande y está más afianzado de algún modo el juicio por jurado, solamente entre el 3% y 1% los casos se resuelven finalmente por jurado. Ellos tiene jurados tanto en materia penal como en materia civil.
Código Procesal Civil y Comercial
S: ¿Cómo ve el debate del Código Procesal Civil y Comercial que se está realizando en la Cámara de Senadores? ¿Qué significa este nuevo Código?
G: El nuevo Código Procesal Civil y Comercial es una generación que tiene mucho consenso, es la primera vez que se hace en el país, con una comisión de 21 expertos que trabajaron en este Código. Mientras tanto, hubo un programa piloto que realizó el Ministerio de Justicia, como el que se hizo con calidad, que acá certificado todos los jurados. Hoy hay 18 provincias que están usando este piloto de oralidad. Lamentablemente, la Provincia de Salta no ha avanzado en esto, pero sí lo han hecho Misiones, Chaco, Formosa, San Luis, Santa Fe Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. Es un modelo extendido, donde los juicios civiles, que también tardan seis, siete años, que son oscuros, en los que las partes nunca ven al juez, se resuelven en dos audiencias que se hacen de un modo muy rápido, y en presencia del juez.
Ayer estuve en Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires), donde casualmente se está aplicando este sistema, que ha permitido que más del 90% de la gente que concurre a estas audiencias esté satisfecha, aún perdiendo el juicio. Es la primera vez que ven a los jueces en vivo y en directo, que realmente pueden plantear sus problemas, y eso genera que se hayan hecho más de 30 mil de estas audiencias en todo el país. Esto generó que entre el 40% y el 50% de los casos se resolvieran por acuerdos ante las partes, con lo cual los conflictos se terminan. Esa es la finalidad de la Justicia, porque aún dictando sentencia, muchas veces el conflicto sigue vigente. Estamos hablando de daños y perjuicios, de problemas vecinales, de problemas de familia, donde la sentencia judicial muchas veces no permite solucionar el conflicto.
Este mecanismo en las audiencias orales facilita que las partes lleguen a acuerdos, y cuando hay acuerdos entre las partes, el conflicto está solucionando. La verdad es que estamos muy satisfechos al haber tantas provincias que ya están participando de esta experiencia. Creemos que es muy probable que el Senado lo pueda aprobar rápidamente, además por la calidad de expertos que intervinieron en la redacción del Código, gente con miradas muy diferentes pero todas con un compromiso muy grande por la Justicia. Creemos que estos dos códigos nos ayudan acercar la Justicia argentina al ODS16, que es una meta de la Organización de las Naciones Unidas para todo el mundo en la Agenda 2030. El objetivo es lograr sociedades más inclusivas, justas y pacíficas con este tipo de códigos o leyes que regulan los procesos, que facilitan los acuerdos y las resoluciones, y la solución en tiempo es la mejor manera de lograr sociedades más justas y pacíficas.
Justicia y política
S: Durante el mandato del Presidente Macri se habló mucho de la politización de la Justicia ¿Usted cómo lo analiza?
G: Creo que se han hecho avances muy fuertes en materia de independencia judicial durante esta gestión. Uno muy importante fue cambiar la ley de subrogancia, que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación y que permitía que los jueces sean elegidos a dedo. Eso hoy no se puede hacer, y no es un dato menor el hecho de no tener tantos jueces interinos y contar con jueces designados conforme a la Constitución, que pasaron por el Consejo de la Magistratura. Es otro elemento central para la independencia de los jueces, y la verdad es que el gobierno puede haber criticado algún fallo, pero son muy pocos los casos en donde se puedo haber criticado a un juez o un fiscal. Siempre se hizo desde un lugar de respeto, y no desde un lugar de ataque. Cuando hubo que denunciar alguna cuestión se fue al Consejo de la Magistratura y se lo denunció, entonces me parece que en eso ha habido una ganancia muy importante. Creo que la Justicia necesita que los jueces se acostumbren a tener independencia, por eso este momento es muy importante y se discute mucho esta situación. Hoy los jueces tienen todas las condiciones dadas para ser independientes. Se tienen que animar a ser independientes y, en definitiva, creo que son una minoría, en no querer estar cerca del calor del gobierno de turno. Ese es el desafío cuando hay detenidos por hechos de corrupción.
S: Estamos hablando de los kirchneristas.
G: Sí, puede haber de algún otro signo político o de gestiones anteriores, que de hecho también los hay. Es muy fácil caer en el argumento de que es una cuestión política, de hecho los detenidos de lesa humanidad también dicen qupor e ellos estén detenidos es una cuestión política. En realidad, en esto hay que ser conscientes de que estas decisiones las toma cada juez.
Deuda de Nación con Salta
S: ¿Tiene conocimiento del fallo contra el juez Ricardo Lona en Salta?
G: No.
S: El tema de la deuda de la Nación con Salta. El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo López Arias, dijo que le deben plata a Salta. La Fiscal de Estado, Pamela Calletti, dijo que usted siempre reconoció de alguna manera que se debía dinero, pero que ya se iba a solucionar. ¿Qué pasa? ¿Se le debe o no a la Provincia?
G: El tema lo explique muchas veces. Lamento que por parte de funcionarios del Gobierno salteño haya una utilización política de esto. Ningún Gobierno nacional ha dado, no solo en justicia sino en toda las áreas, mayores recursos a la Provincia de Salta como los que ha otorgado el Gobierno de Macri. Al área de Gobierno se le ha entregado dispositivos electrónicos para arrestos domiciliarios y dispositivos duales de violencia de género, y al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal les hemos financiado los programas de calidad, el data center, parte de los laboratorios forenses y un montón de otras cosas. La Nación, y particularmente el Ministerio de Justicia, han tenido una vocación de asignar recursos a la Provincia de Salta, a incumbencias provinciales como jamás había sucedido en toda nuestra historia; y esto mismo se hizo con todas las provincias del país.
El tema de la desferalizacion de las drogas es un problema que requiere una discusión política en el ámbito del Congreso. Por la coparticipación, lo que tenemos son unas series de provincias que han desferalizado y nos dicen ‘esto nos genera determinados gastos, ‘necesitamos plata para afrontarlos’, y hay otras que no ha desferalizado y no les quieren dar esa dinero a las restantes provincias. La que mayor monto puede reclamar en función de esto es la Provincia de Buenos Aires, que es la que empezó con la desferalizacion de drogas hace muchísimos años, durante el kirchnerismo. Es la que mayor cantidad de detenidos por microtráfico, tiene cuatro mil o cinco mil detenidos, con lo cual estamos hablando de cifras enormes que deben ser discutidas a la hora de debatir cómo se distribuyen los recursos públicos de la Nación.
No es una deuda exigible, o no es algo que la Nación le deba a la Provincia. Es un tema que se tiene que solucionar entre todas las provincias y la Nación para ver cómo se resuelve. Esa es la situación, por lo cual no es que ellos estén mintiendo o yo este negando. Ellos presentan el problema de un modo político, o a modo de reclamo, cuando en realidad lo que hay es un problema que hay que solucionar. Pero no es un problema entre nación y salta, es un problema entre todas las provincias del país: entre aquellas que ha desferalizado el tema de drogas y las que no lo han hecho
S: ¿Por qué tendrían que intervenir las que no lo hicieron?
G: Porque en realidad la detracción de recursos proviene de fondos que las afectarían.
S: Cuando Calletti dice que van a iniciar acciones legales en contra del Gobierno nacional, ¿qué corresponde?
G: Está en todo su derecho de iniciarlas, pero no hay una deuda exigible a la Nación.
S: A causa de la cantidad de presos que hay por todo tipo de delitos en la Provincia, las cárceles en salta están abarrotadas y prácticamente no hay condiciones humanas. ¿Qué solución puede brindarle el Estado nacional?
G: Nosotros les hemos dado todos estos dispositivos electrónicos que pagamos íntegramente desde la Nación, y que valen mucho más que la pretendida deuda que aduce la Provincia. Pese a que no es nuestra obligación, le estamos dando a la Provincia dispositivos electrónicos que pueden ser usados para poder alojar a parte de esos detenidos con un control domicilio. De hecho, estamos en la etapa final de una licitación que se ha ampliado a pedido de todas las provincias, porque Salta nos pide más dispositivos, y también la mayoría de las provincias. Eso lo estamos haciendo.
Además, estamos avanzando en la construcción de cárceles federales, proyectando una ampliación de la cárcel de Güemes. Pero, de nuevo, en esto la Nación está llevando adelante una política muy proactiva, y necesitamos que las provincias hagan lo propio. De hecho, hemos ayudado financieramente a provincias que han avanzado en la construcción de cárceles, como Corrientes y Jujuy, y tenemos un proyecto en discusión con la Provincia de Salta en las cárceles que propongan ayudarlos. Ahora, el 8 de octubre estaré de visita con la cárcel federal de Cuyo, la primer cárcel federal de mil plazas que se construye en el país en los últimos diez años.
Entonces, la verdad es que la Nación ha hecho un esfuerzo enorme en esta materia, y lo que necesitamos es un esfuerzo compartido. Pensamos que partimos de aquel fallo de la Corte Suprema antes de que Macri asumiera la presidencia, con un récord de asignación automática de recursos de la Nación a las provincias. Nunca antes en la historia habían recibido en forma automática más recursos que los que reciben ahora. Entonces, entiendo la cuestión política y que es bueno echarle la culpa a alguien que no está, pero hemos dado muestras más que suficientes del apoyo que la Nación le ha dado a todas las provincias, y más a salta, en materia de justicia.
S: ¿Cuándo llegan los dispositivos?
G: La Provincia ya tiene dispositivos. Sobre los nuevos, estimamos que es una licitación que debería hacerse efectiva en aproximadamente un mes, un mes y medio.
