SALTA (Redacción) – Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia un Decreto de Necesidad y Urgencia, con el que se prorroga la vigencia de las leyes que establecen la Emergencia Económica y Administrativa, 7.125 y 6.583 respectivamente. A pocos días de terminar su mandato, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó el decreto con el que se prolongan dichas emergencias en Salta por el periodo de un año más.
La medida que tomó el gobierno provincial, establecida mediante DNU, responde a un planteo de permanecer con ciertas políticas. “Aún resulta necesaria la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia”, indica la presentación. Y en el mismo, sentido reza que “debe sostenerse el actual sistema, con el objetivo de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración”.
Además, el decreto publicado en la jornada de hoy, plantea que “por los argumentos expuestos, el Ejecutivo Provincial entiende que existen razones suficientes que aconsejan la utilización de los mecanismos previstos en el artículo 145 de la Constitución Provincial, toda vez que posibilita la aplicación de normas sancionadas y hasta tanto se pongan en funcionamiento los resortes constitucionales”.
El Boletín Oficial de la Provincia, da a conocer públicamente algunas medidas del poder ejecutivo. En esta oportunidad, este jueves se trata de la prórroga de la vigencia de las leyes 7.125 y 6.583, que declaran la Emergencia Económica y Administrativa, por un año más. Este Decreto cuenta con la firma del gobernador Urtubey que termina su tercer mandato, y de los ministros que hoy integran el gabinete provincial.
En el caso de Emergencia Económica, tiene vigencia desde 1990, y hoy se considera importante que permanezcan las medidas destinadas a sostener el actual sistema. En tanto que la ley 6.583 suspende por un año, con carácter general, los subsidios y subvenciones y todo compromiso que afecte recursos del Tesoro provincial, y hace lo propio sobre beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia agropecuaria y forestal.