SALTA (Redacción) – El responsables del ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, explicó esta mañana cuáles serán los pasos que dará la administración provincial para decidir si adhiere al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Además, el dirigente estableció las diferencia que posee la normativa actualizada en relación al legislación que estaba en vigencia en el distrito. A su vez, remarcó que se trata de una temática que «ha generado mucha controversia en particular».
En conferencia de prensa, Villada afirmó que el Gobierno de Salta buscaba «establecer claridad respecto» a esta situación. En ese orden, recalcó que en el distrito conviven «organismos que tienen una posición bastante definida en torno al aborto». Por ese motivo, sostuvo que pretendían que «la población tenga en claro cómo el Gobierno de la Provincia va a seguir atendiendo los casos de aborto no punible«. Además, agregó que «es un derecho establecido por el Código Penal de la Nación».
En primer lugar, el funcionario indicó que el Artículo 86 del Código Penal apunta sobre «aquellos casos en los que el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer en cinta» tiene el objetivo de «evitar un peligro de vida o si el embarazo proviene de una violación«. «En el 2012, a través del fallo FALL, la Corte de Suprema Justicia de la Nación estableció estableció que estos casos no debían ser judicializados. A continuación, instó a los gobiernos provinciales a que dictaran protocolos para la atención hospitalaria mediante normas del más alto nivel», describió.
Análisis
A manera de resumen, Villada expuso que Salta tuvo su propio protocolo entre 2012 y 2018. «A través del Decreto 1170 se establecía el procedimiento, pero introducía que aquella persona que había sufrido violación debía presentar una denuncia judicial para acceder al tratamiento. Esto generó el reclamo de muchas organizaciones», relató. Finalmente, aludió que esta controversia concluyó en mayo de 2018, cuando se lanzó el Decreto 584. Según indicó, de esta manera la Provincia adhirió «al protocolo sancionado por Nación».
Posteriormente, el ministro enumeró cuáles son las diferencias entre la legislación vigente y la normativa que actualizó cartera de Salud de la Nación. «La primera tiene que ver con la edad de las personas que pueden dar su consentimiento de manera autónoma. Antes era 14 años, y ahora está establecido entre los 13 y los 16 años», expuso. Además, indicó que el renovado protocolo determina que existe «un plazo de diez días para la atención». «Esto requiere un análisis por parte de nuestro sistema de salud porque no sabemos concretamente si va a ser factible poder atender con esa premura los casos que se presenten», advirtió.
En tanto, Villada pronunció que también se debe evaluar «una cuestión más de fondo», ya que considera que «cambia el paradigma» de la legislación. «El protocolo anterior hablaba del riesgo de vida, y el nuevo refiere a cuestiones más integrales de salud, también desde el punto de vista mental», añadió. En tanto, aludió que el último punto «tiene que ver con el procedimiento en sí». «Como gobierno entendemos que deben ser analizados desde diferentes aspectos. En primer lugar, desde la salud. Por eso, la cartera está realizando un pormenorizado análisis para ver cuáles serían las mejoras que introduce este protocolo. Además, el Gobernador Gustavo Sáenz ha creído conveniente generar la participación de las cámaras. Hay muchos legisladores que plantearon la necesidad de una intervención. Muchos han presentado proyectos, y entendemos que es necesario que sea debatido para ver en qué dirección avanzamos», afirmó.