SALTA (Redacción) – A primeras horas de la mañana, la Cámara de Diputados de la Nación le otorgó media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En este marco, 134 legisladores le brindaron su respaldo a la iniciativa que presentó el Gobierno nacional. En tanto, 110 dirigentes votaron en contra de este paquete de medidas económicas. Por su parte, los representantes de la Provincia de Salta presentaron posturas dispares ante la iniciativa.
Igualmente, la elección que realizaron los siete diputados salteños no llamó la atención en absoluto. Incluso, todos los legisladores de la Provincia se expresaron en coincidencia con los lineamientos que habían expuesto los conductores de los bloques políticos en los que forman parte. Como consecuencia de esta decisión, las exposiciones que se llevaron a cabo durante las cerca de quince horas de sesión se desarrollaron en ese tono, marcando las diferencias entre los sectores en puga.
De esta manera, Juan Ameri, Lia Caliva y Lucas Godoy, quienes componen la bancada del Frente de Todos, le dieron su respaldo a la iniciativa que había promovido el Presidente Alberto Fernández. En tanto, el otro legislador que votó a favor de la propuesta en general fue Andrés Zottos, quien integra el Bloque Justicialista. Por su parte, Virginia Cornejo, Martín Grande y Miguel Nanni, quienes suscriben a Juntos por el Cambio, rechazaron el proyecto.
El proyecto
A causa de la apuro que posee el Gobierno nacional para intentar enderezar la economía argentina, la propuesta comenzará a tratarse en la Cámara de Senadores de la Nación a partir de esta tarde. Se prevé que los integrantes del recinto le brinden un rápido análisis, con el objetivo de que las medidas puedan ser promovidas a la brevedad. Asimismo, se especula que se podría producir una votación de similares características, ya que el oficialismo y sus aliados son mayoría en el cuerpo.
En tanto, las reformas más relevantes que plantea la iniciativa son las siguientes: Declarar la Emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegar facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en estas áreas; Faculta al Ejecutivo a llevar adelante las gestiones necesarias para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública; Establece un impuesto del 30% para la compra de dólares para atesoramiento (con límite de 200 dólares mensuales) y para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior por cinco años; Suspender la Ley de Movilidad sancionada en el 2017 por seis meses; Fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible».