SALTA (Redacción) – El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que continuará la intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). De acuerdo con la valoración que efectuaron, las «irregularidades» que se habían detectado en la entidad todavía no fueron corregidas. Por este motivo, la administración ya nombró a la nueva comisión que estará al frente den organismo. Asimismo, remarcaron que esta situación se extenderá durante seis meses más.
Precisamente, el Gobierno provincial publicó esta decisión en el Boletín Oficial del pasado jueves 16. De esta manera, se dio curso al Decreto N° 56 que emitió el ministerio de Desarrollo Social de Salta. Al mismo tiempo, también se revelaron las identidades de los dirigentes que estarán al frente del IPPIS hasta mediados de julio de 2020. Justamente, José Ignacio Campos Bertoldi, Sebastián Ramiro González, e Ignacio Matías Colom Vila conformarán la Comisión Interventora y Normalizadora.
Comisión
Según consignó la FM 89.3, estos tres funcionarios contaban con diversas experiencias dentro de la función pública a nivel provincial. En primer lugar, mencionaron que Campos Bertoldi había ejercido el rol de coordinador de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. A su vez, González partició del equipo técnico que estuvo vinculado con la Ley nacional N° 26.160, por medio de la que se relevaron a las comunidades originarias. Finalmente, Colom Vila estuvo a cargo del Control Financiero del entonces ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
En tanto, uno de los puntos más sobresalientes del decreto provincial se encuentra en el artículo 3. En ese apartado se estipula que el período en el que se extenderá la intervención del IPPIS. De esta manera, remarcaron que este régimen se prolongará seis meses más, ya que el Gobierno de Salta consideró que «no han podido subsanarse las observaciones señaladas». Al mismo tiempo, también recordaron que se habían constatado «numerosas irregularidades en la administración económica financiera».
Asimismo, en el texto también están contempladas las obligaciones que deberán respetar la Comisión. En primer lugar, aludieron que se tendrán que promover la normalización del «funcionamiento del ente». De esta forma, expusieron que pretenden que posteriormente puedan «convocar a elecciones de las autoridades». A su vez, se determinó que también»deberán remitir al Poder Ejecutivo un informe bimestral completo sobre las acciones adoptadas». Por último, instaron a que los interventores se encarguen de «resolver los conflictos existentes en un plazo de seis meses».
