SALTA (Semanario El Intransigente) – Al menos una docena de intendentes que asumieron en diciembre ya iniciaron acciones legales para que tanto la Auditoría General de la Provincia como la Justicia tomen cartas en el asunto e investiguen a sus antecesores.
Las irregularidades detectadas a simple vista por los nuevos jefes comunales son graves y diversas. En muchos casos, al tomar posesión de sus despachos, no encontraron siquiera los registros o libros contables diarios de la administración de los recursos municipales. A esto se sumó la negativa de muchos intendentes salientes a colaborar con la transición, por lo que cada realidad municipal se convirtió en una verdadera Caja de Pandora para los recién asumidos.
La improlijidad en el manejo de las cuentas públicas evidencia la impunidad con la que durante años se manejaron los intendentes del interior salteño.
Las irregularidades
Si bien cada municipio experimenta dificultades particulares complejas, a grandes razgos los intendentes electos que asumieron en diciembre pasado se encontraron con inconvenientes similares.
Principalmente, lo que se viene advirtiendo hasta el momento es falta de información y documentación que respalde los movimientos financieros; impagables deudas millonarias con orígenes poco claros; obras públicas pagadas pero jamás ejecutadas; plantillas completas de supuestos empleados públicos que nunca se presentaron a trabajar; desaparición de bienes del municipio e inventarios incompletos; parque automotor completamente deteriorado. Y la lista sigue.
En el marco del año electoral, en junio del año pasado la Auditoría de la Provincia solicitó a los 60 municipios de la provincia que remitieran un informe sobre el estado general de las cuentas: es lo que se denomina una “Auditoría de Corte”, necesaria para transparentar las transiciones de gestión.
Muchos de los municipios hoy cuestionados no cumplieron con dicho requerimento, mientras que unos tantos otros enviaron informes parciales y con datos acotados.
Modus operandi en común
Durante la década del 90, y bajo la gestión de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, se hizo popular el mote de Barones del Conurbano para denominar a los intendentes municipios en los que la corrupción era política de Estado. A la luz de la experiencia, el concepto puede ser directamente importado para describir a muchos jefes comunales del interior profundo salteño.
Si bien las intendencias en las que se vienen detectando graves irregularidades se expanden a lo largo y ancho del heterogéneo territorio provincial, se advierten tres características comunes que permitieron durante años el desfalco.
1: Se trata de municipios en los que hay gran concentración de pobreza y donde existe una importante franja de la población con necesidades básicas insatisfechas. Si la pobreza multidimensional en la Argentina llega al 40%, en el interior salteño es padecida por cerca de la mitad de la población según las cifras del INDEC.
2: Con el manejo discrecional de los fondos públicos durante años, los intendentes construyeron grandes redes clientelares a través de punteros, concejales y caciques que –con el reparto de dádivas- permitieron neutralizar e invisibilizar las verdaderas demandas comunitarias.
3: El control del aparato electoral garantizó la permanencia en el poder durante varios mandatos. Sofocaron a las oposiciones e impidieron el ejercicio de control sobre la administración municipal. Por acción deliberada u omisión, en los organismos de control no se accionaron los mecanismos necesarios para prevenir, advertir y sancionar los desfalcos.
Camino a la Justicia
En diálogo con El Intransigente, el titular de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, adelantó que hay varias investigaciones que ya fueron giradas a la Justicia. Además, señaló que a partir de la nueva Ley de Municipalidades se ha incorporado la falta de cumplimiento a los pedidos del organismo de control como “una causal de juicio político y de eventual destitución”. En este sentido, subrayó la importancia de que todos los requerimientos de la Auditoría sean contestados.
Uno de los intendentes que no contestó a estos pedidos fue el de Pichanal, Julio Jalit, conocido por una frase que en plena campaña por su reelección trascendió las fronteras provinciales: “hasta para robar hay que ser inteligente, y yo me considero un tipo inteligente”. Actualmente es investigado por la Justicia, pero no se conocen avances concretos en la causa.
El de Jalit es quizás uno de los casos más emblemáticos: su primer trabajo conocido fue como administrativo en una estación de servicios. Luego, al calor de la intendencia que ostentó durante cuatro mandatos, se hizo multimillonario. Actualmente amasa una fortuna que ronda los 500 millones de pesos, mientras que el pueblo que gobernó, Pichanal, se encuentra bajo emergencia alimentaria.
Pese a las irregularidades detectadas en la mayoría de los municipios donde hubo cambio de gestión, actualmente son muy pocos los que se encuentran investigados en el ámbito de la Justicia penal. Sin embargo, al menos una docena de nuevos intendentes ya denunciaron a sus antecesores o prometieron hacerlo en las próximas semanas, una vez que se recolecten los elementos de prueba suficiente.
VENTANA
El desfalco o malversación es el acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón de un cargo. Es un tipo de fraude financiero. Puede referirse tanto a caudales privados como públicos.
LOS CASOS MÁS RESONANTES
PICHANAL/ Jalit se llevó hasta los teléfonos
El intendente Sebastián Domínguez, que destronó tras 16 años a Julio Jalit, denunció que de la cuenta bancaria del municipio se extrajeron más de veinte millones de pesos en los últimos cuatro días de gobierno antes del cambio de gestión.
“Hayan pagado lo que sea, esa cantidad de dinero es mucho y por otro lado Jalit decía que dejaba 11 millones de pesos en la cuenta el 9 de diciembre, pero con cheques emitidos para cobrarse en el día”, se quejó Domínguez.
En este sentido, puso a disposición de la Justicia todos los elementos de prueba que demuestran a su criterio lo que fue un saqueo sistemático al municipio por parte de la gestión Jalit.
El nuevo jefe comunal enfatizó que en los presupuestos figuran compras de computadoras, teléfonos, mobiliario, camiones cisternas y otros elementos que directamente “no existen”.
GÜEMES/ Más de $113 millones en deudas
Sergio Salvatierra, intendente de General Güemes, habló con El Intransigente sobre la situación en la que encontró al municipio cuando asumió hace casi dos meses: “Fue una pena, encontramos al municipio en un estado devastador, ahora entendemos porqué no querían una transición, porqué no nos dieron lugar a una transición ordenada”.
Entre las irregularidades detectadas en la gestión de Alejandra Fernández, denunció: “borraron toda la información digital que tenían las computadoras del municipio, sustrajeron la documentación que tenían, porque evidentemente querían ocultar esto, que a través de la auditoria interna podíamos detectar un faltante”.
En ese sentido, Salvatierra detalló que hay una deuda total, cuyo origen es cuanto menos poco claro, de más de $113 millones.
La nueva gestión se encontró con un municipio sobrepoblado, con más de 800 empleados. Entre ellos, “más de 120 fueron contratados en los últimos 20 días de la gestión anterior, que también incorporó más de 100 planilleros”.
TARTAGAL/ Siguen apareciendo cheques voladores
El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, dijo que tras asumir el 10 de diciempre fue “como si hubiera que empezar desde cero” y graficó que de la gestión anterior heredaron “solo 6 motoguadañas”.
El dirigente de origen radical denunció que al momento de haber asumido el cargo no tenía “casi nada de información”. Pero que con el correr de los días, lograron determinar que “la situación económica y financiera de la comuna es altamente preocupante”.
Mimessi criticó que en las arcas de Tartagal, el exintendente Sergio Leavy dejó solo “15 millones de pesos”, mientras que en paralelo se descubrió “una deuda de 11 millones más para el día después de haber asumido”.
El flamante intendente norteño advirtió que analiza iniciar acciones legales contra los responsables de la gestión anterior y remarcó que, a casi dos meses de haber tomado el control del gobierno municipal, “siguen apareciendo facturas con sus respectivos cheques a pagar antes de diciembre”.
Campo Quijano/ Cornejo no dejó nada
Tras encontrarse con un municipio devastado, el actual jefe comunal Carlos Folloni presentó una demanda contra su antecesor Manuel Cornejo por malversación de los fondos públicos y peculado, haciendo reserva de que se investiguen otros delitos aún más delicados.
Con el objetivo de describir la situación de Quijano, Folloni señaló que las problemáticas exceden a la economía y a las finanzas del municipio. Su equipo de gestión constató graves complicaciones vinculadas con el equipamiento y la maquinaria: “se llevaron todo y no dejaron nada”.
A manera de ejemplo, desde la nueva gesción explicaron que la mitad de La Silleta no tiene agua. “Campo Quijano viene de un gobierno de 16 años en el que se recibieron partidas millonarias para hacer obras de agua que jamás se hicieron”, apuntaron desde el entorno de Folloni.
Tras recibir la denuncia, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, dispuso medidas preventivas que incluyen varias pericias contables sobre los papeles del municipio y hasta una indagatoria a los responsables financieros, empezando por el ex intendente Cornejo.
SANTA VICTORIA ESTE/ El vaciamiento del municipio más pobre
El primer intendente de Salta proveniente de un pueblo originario es Rogelio Nerón, integrante de la comunidad wichi. En su municipio, Santa Victoria Este, se registran los índices más alarmantes sobre pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas: en lo que va del año, son varios los niños que han muerto por causas vinculadas a la desnutrición.
Sin embargo, este contexto no impidió que la gestión anterior, encabezada por Moisés Balderrama, dejara un municipio quebrado, con las arcas vacías y paralizado completamente en su funcionamiento.
En la reunión de la Mesa Multisectorial que se formó para atender la emergencia sociosanitaria del norte, Nerón blanqueó la situación de su comuna ante el propio gobernador Gustavo Sáenz: «Recibí la Municipalidad más destrozada que hay en la provincia. No han dejado ni una silla, ni un afiche en la pared. Estamos trabajando con gasoil fiado», describió.
En ese sentido, y en un desesperado pedido de asistencia a la Provincia, señaló que mensualmente recibe $3 millones por coparticipación, con lo que no llega a pagar ni los sueldos: “el intendente que se ha ido (Balderrama) se ha llevado todo. Pero siguen trabajando los empleados que acompañaron al intendente a robarse todo lo que hay en el Estado», disparó.
METÁN/ Una municipalidad desmantelada
Algunos de los cambios de gobiernos en la Provincia de Salta representaron situaciones problemáticas para las nuevas autoridades. Incluso, muchos de los intendentes salientes se negaron a llevar a cabo las correspondientes transiciones con su sucesores.
El panorama se tornó aún peor en la Municipalidad de San José de Metán. Días después de haber asumido el control de la comuna, desde el entorno del flamante intendente José María Issa denunciaron que varias áreas estaban “desmanteladas”. Además, se encontraron con deudas por cerca de 20 millones de pesos en cheques que fueron liberados en los últimos tiempos de Fernando Romeri al frente de la Municipalidad.
Además, advirtieron que existe una “sobrepoblación” de personal en algunas áreas. Al respecto, el flamante secretario de Gobierno, Mauricio Abregú, calificó al panorama como “muy preocupante” y adelantó que analizarán la planta municipal “caso por caso”. Incluso, se quejó porque “hay gente que nunca se presentó a trabajar”.
SAN LORENZO/ No rindieron cuentas y borraron información
La situación en el municipio de la villa veraniega es una de las que primero llegará a la Justicia, según el flamante intendente Manuel Saravia, quien terminó con el reinado de “Kila” Gonza en las últimas elecciones.
Saravia afirmó que recibió un municipio “mal administrado” y con muchas irregularidades, según pudieron constatar con la poca información que recabaron.
En diálogo con El Intransigente, el flamante intendente aseguró que realizarán las denuncias ante la Justicia cuando tengan toda la documentación en mano, durante los próximos días, cuando reciban los informes de la Auditoría General de la Provincia.
Entre las graves irregularidades que encontraron, se dieron con que Gonza no había rendido más de $12 millones que había recibido por parte del Ministerio de Asuntos Indígenas. Además, Saravia aseveró que se hizo muy difícil acceder a la documentación, ya que cuando llegaron se encontraron con que “habían borrado la información de las computadoras de Desarrollo Social”.
CORONEL MOLDES/ Se llevaron los papeles y hasta muebles
El flamante intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, denunció que durante la última semana antes de la transición los funcionarios de la exintendenta Rita Carreras se llevaron documentación vinculada a las finanzas del municipio y hasta muebles y electrodomésticos que había en las oficinas.
Asimismo, en contacto con El Intransigente, adelantó que junto a su equipo de abogados analiza la posibilidad de presentar denuncias ante la Justicia para que se investigue el verdadero estado patrimonial de la comuna: “queremos que sea lo más transparente posible y la gente sepa cómo recibimos el municipio”.
Por otra parte, al igual que muchos otros municipios, adviritió que la planta del personal creció de manera discrecional durante la intendencia de Carreras y que la deuda del municipio “creció a niveles insostenibles” que dificultarán su gestión hasta 2023.
EMBARCACIÓN/ Una deuda impagable de $26 millones
Tras tomar el mando como intendente en el municipio norteño, el médico Carlos Funes brindó un detallado informe sobre la delicada situación financiera de la comuna.
Su antecesor Alfredo Llaya, tras gobernar Embarcación durante 20 años, perdió las elecciones y abandonó el poder dejando una deuda de más de $26 millones.
En su detalle, el nuevo jefe comunal precisó que recibió «el 10 de diciembre un pasivo (deudas y obligaciones) por la suma de $26.501.611”. Por tal motivo, lamentó Funes, se vio en la necesidad imperiosa de pedir a Provincia un adelanto de lo correspondiente a la coparticipación del mes de enero del 2020 “para lograr cubrir sueldos y aguinaldos”.
En otro orden, Funes exhibió su preocupación al recibir un municipio sobreproblado de empleados. 822 en total: “es muy difícil mantener tanto personal, debido a la situación en la que se recibió el municipio, ya que si solo se ocupa de mantener el personal se dejaría de lado el mantenimiento de la ciudad y, peor aún, el interior, lugar donde más abandonados y desprotegidos se encuentran”.
ORÁN/ Si fuera privado, sería inviable y estaría en quiebra
Tras destronar al histórico Lara Gros, el flamante intendente de Orán Pablo González aseguró que, tras un relevamiento interno realizado por su equipo, encontró que la Municipalidad contaba con más de 2.000 empleados, pese a que la gestión saliente le había informado que eran sólo 1.000.
González mostró su preocupación porque apenas el 35% de esos empleados pertenecen a la planta permanente, mientras que el resto corresponde a una descomunal planta política, integrada por cooperativas que tenían vencida su personería jurídica hace años, personas sin contrato y otras que simplemente cobraban por firmar una planilla.
González expresó que el 80% de los fondos del municipio terminan destinándose a sueldos, y advirtió que si la Municipalidad de Orán fuera una empresa privada: “sería inviable y estaría en quiebra”.
Por último, el intendente de Orán expresó su preocupación por el volumen de deuda heredada de Lara Gros, que dejó compromisos de pago por $60 millones, cuando mensualmente los recursos del municipio alcanzan con suerte los $50 millones.