SALTA (Patricia Manrique) – En política se suele llamar luna de miel al período de gracia, legitimación y tolerancia social con el que cuenta una gestión que recién asume determinada administración pública. Dicho período se extiende simbólicamente durante tres o cuatro meses, aunque la magnitud y la urgencia de los problemas que enfrenta un gobierno puede llegar a reducir o dilatar el plazo de aparición de la oposición.
En ese período, y castigada por los resultados electorales adversos, la oposición al gobierno suele mantener un perfil bajo y esbozar críticas tibias y esporádicas. Los opositores se esfuerzan por ejercer una representación disonante pero constructiva, que no ponga “palos en la rueda”, en otras palabras.
Como referencia, el plazo que establecen los gurúes políticos en televisión es de 100 días. Luego, cuando la satisfacción de las demandas se retrasa y el fin de la luna de miel se precipita, los opositores olvidan rápidamente los motivos por los cuales perdieron las elecciones pasadas y empiezan a pensar en las próximas. Asumen a su vez un rol más agresivo e impaciente contra el Gobierno.
En Argentina, a menos de un semestre de la asunción de Alberto Fernández, pareciera que la oposición aún no asumió su nuevo rol y lejos está de mostrarse fuerte y articulada. La continuidad de la alianza entre el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical pende de un delgado hilo. En su reaparición política tras dejar la Casa Rosada, Mauricio Macri se lavó las manos y culpó a sus socios políticos por el fracaso económico. Las réplicas no tardaron en llegar y los radicales ya se preparan para disputarle el liderazgo de la oposición nada menos que al expresidente.
Ávido de reflejos, Fernández no tardó en avanzar con medidas antipáticas que una oposición mejor consolidada no hubiese dejado pasar tan fácilmente: tal es el caso del achatamiento de haberes para una importante masa de jubilados y el brusco aumento impositivo para diversos sectores productivos, todo en el marco de la Ley de Solidaridad Social.
La diáspora local
En Salta la situación es un poco más compleja. Hasta el momento, ningún espacio político asumió abiertamente el rol opositor frente al gobierno de Gustavo Sáenz. Solo se pronunciaron algunas críticas aisladas sobre funcionarios y medidas puntuales.
Si se tomaran las últimas elecciones como referencia para imaginar el escenario actual, se debería inferir que la oposición sería liderada por el senador kirchnerista Sergio Leavy, quien resultó segundo en las consideraciones populares, detrás de Gustavo Sáenz.
Sin embargo, la realidad es completamente diferente
Lo que en Salta se presentó como el Frente de Todos durante 2019 quedó completamente diezmado y desarticulado, con baja representación legislativa y -lo que es aún peor- sin coherencia ni liderazgos internos. La diáspora era previsible: el kirchnerismo nunca pudo colonizar al tradicional peronismo salteño. Por el contrario, siempre representó una expresión minoritaria con mayor asiento en Buenos Aires que en Salta.
En otro eventual polo opositor se encuentra el espacio que completó la oferta electoral salteña en 2019. Se trata de la cuanto menos curiosa alianza entre Alfredo Olmedo, el Partido Renovador y la Unión Cívica Radical. Esta alianza, que no llegó a hilvanar dos o tres coincidencias internas durante toda la campaña, quedó diluida el día mismo de las elecciones.
El empresario sojero se quedó sin estructura y perdió su banca en el Congreso; los alicaídos renovadores se partieron entre seguidores de Cristina Fiore o Andrés Zottos, ambos dirigentes de vocación siempre oficialista; mientras que los radicales quedaron acotados a una precaria representación legislativa y a la intendencia de Mario Mimessi en Tartagal, quien deberá tejer lazos de amistad casi obligatoriamente con la Provincia para poder hacer frente a la grave situación que enfrenta el municipio.
Nobleza obliga
Al hablar de oposición no se puede dejar de mencionar al Partido Obrero. Tras las últimas elecciones, el espacio quedó reducido al mínimo en la legislatura y muy fracturado internamente, aunque eso no le impidió seguir ejerciendo su tradicional oposición de izquierda.
En el orden municipal, las cosas no son muy diferentes. Con el apoyo de Sáenz, Bettina Romero fue elegida intendenta con una aplastante victoria sobre el kircherista David Leiva y llenó el Concejo Deliberante de partidarios suyos.
La mayoría de los ediles que ingresaron responden al frente político que la jefa comunal compartió con Gustavo Sáenz, por lo que no tendrá problemas en aprobar los proyectos que envíe desde el ejecutivo municipal. De hecho, ya fue aprobado un importante aumento tributario que impactará considerablemente en el bolsillo de los capitalinos. De 21 concejales, solo dos votaron en contra del proyecto.
Ante este escenario, las dificultades políticas más inmediatas que les tocará enfrentar tanto a Gustavo Sáenz como a Bettina Romero estarán vinculadas a la construcción de poder propio dentro del heterogéneo frente interno que los llevó al gobierno.
