SALTA (Redacción) – Recientemente, se conoció que los trabajadores abocado al rubro de la justicia no podrían gozar de la tradicional feria judicial de invierno. Esta feria judicial incluye a las dos semanas en las que, cada año, trabajadores del Poder Judicial entran en receso. La decisión de suspender la feria de julio se debe a «las extraordinarias circunstancias de salud pública que atraviesa la Nación y sus implicancias en la prestación del servicio esencial de Justicia».
Cabe recordar que en estos días, rige en el Poder Judicial una feria extraordinaria dispuesta hasta el 28 de junio. Ese día el máximo tribunal resolverá si la prorroga o no, pero mientras tanto decidió suspender las vacaciones del próximo mes. En el caso de que la feria se extienda, los tribunales y juzgados trabajarían de manera remota y en condiciones excepcionales.
Por este motivo, empleados del Poder Judicial repudiaron la suspensión del receso invernal y enviaron una solicitada a la Corte Provincial. En ella manifestaron su rechazo al pedido de suspensión de la feria de julio solicitada por el Colegio de Abogados de Salta en mayo pasado. Aseguran que aprovecharon el momento para introducir peticiones que vulneran derechos adquiridos por los trabajadores durante años.
«La feria de invierno son vacaciones que los trabajadores se merecen»
En una entrevista brindada a radio FM Profesional 89.9, el secretario general de agremiados, Oscar Lafuente, dijo que la feria de invierno son vacaciones que los trabajadores se merecen. Asimismo, agregó que las necesitan ya que durante el asilamiento obligatorio, continuaron con tareas laborales, contrario a lo que se comunicó previamente.
Paralelamente, explicó que si bien no hubo atención al público, los casi 3500 empleados trabajaron puertas adentro, y quienes pertenecen al grupo de riesgo lo hicieron desde sus casas. Además, aclaró que algunos fueron convocados en distintos turnos y respetando ciertas medidas como por ejemplo el distanciamiento y el uso de tapabocas. Por otro lado, Lafuente dijo que también pidieron la normalización del horario laboral.
En este sentido, los trabajadores piden que el horario sea de 7.30 a 13.30, ya que por la cuarentena, algunos fueron obligados a trabajar en el turno tarde, afectando la rutina familiar. A su vez, entienden que esta disposición los pone en condiciones de total desigualdad respecto al resto de la administración pública. Por todo esto, el gremio está en conciliación obligatoria actualmente, a la espera de la respuesta de la Corte de Justicia.
