SALTA (Redacción) – El diputado provincial Carlos Zapata dialogó en exclusiva con SALTA4400 y analizó la situación que desató el Decreto 255 del Gobernador Gustavo Sáenz. Además, remarcó que nunca se trató en la Cámara de Diputados y por ese motivo se convirtió en ley. En esa misma línea, cuestionó el accionar del mandatario provincial y advirtió: «El ejecutivo sigue manteniendo su postura y son acciones incorrectas». También recordó que buscaron derogar la ley y que ahora una comisión de Derechos Humanos presentó una acción legal.
El mecanismo del oficialismo para convertirlo en Ley
En este sentido, el diputado Zapata explicó que el Decreto 255 es un Decreto de Necesidad y Urgencia que se remite a la legislatura para su tratamiento y que si a los 90 días no se trata, se transforma en ley. Esto sucedió y se convirtió en la Ley 8.191. «El gobernador pide que se lo trate pero la gente del gobernador no quiere que se lo trate», señaló. Además, remarcó el concepto en diálogo con SALTA400: «Nunca se llegó a votar». «Nosotros presentamos un proyecto y pedimos el tratamiento sobre tablas de la derogación de esta ley, pero nunca tuvo tratamiento. Siempre manifestamos nuestro desacuerdo», agregó.
«Cuando esto se convierte en ley, los diputados presentamos un proyecto con el diputado Chiban, Godoy, Villa, Fiore, donde se derogaba esta ley. Por supuesto que fue rechazado su tratamiento», lamentó Carlos Zapata. Luego, apuntó contra el mandatario Sáenz: «El gobernador se agarró las facultades que no le corresponden. Por ejemplo quitarle la propiedad a una persona, como el decomiso. Y después dispone arrestos y demás que a nivel nacional está prohibido».
Una comisión de Derechos Humanos en camino
Sobre la situación actual de los reclamos, el legislador recordó: «Una comisión de Derechos Humanos planteó un habeas corpus. Ahora está por venir esa comisión de DD.HH. de la Argentina a ver el tema». «Pero el ejecutivo sigue manteniendo su postura y son acciones incorrectas», insistió contra Sáenz. Allí, este medio le consultó sobre la postura de la presidenta de RADHIS, Estefanía Buamscha, quien manifestó que desde el 2017 existe la ley de mecanismo local en contra la tortura pero que no fue reglamentada.
«En ningún momento dice el DNU que va a torturar a nadie. Los derechos que atropellan son el de la libertad y de propiedad de las personas. No hay tortura ni nada», apuntó el diputado. Luego, SALTA4400 agregó que según describió Buamscha esa ley del 2017 frenaría los casos que hoy se están denunciando de abuso policial. Y en este punto, aclaró: «La única forma de subsanar, es que se derogue la ley. Se trate el proyecto decretar una figura contravencional que tiene multa y arresto. El oficialismo no quiso dar dictamen de esto». «Aquí el tema es que en ninguna parte del mundo, una conducta antisocial es detectada y apuntada por la misma construcción», lamentó.
Sobre el pedido por inconstitucional
Finalmente, se le consultó a Zapata sobre la posibilidad de recurrir a la justicia declarando la inconstitucionalidad que también plantó Buamscha. «Aquí la corte de justicia tiene la doctrina dividida en cuanto a la posibilidad que los diputados podamos exponer la acción popular de inconstitucionalidad. Sobre todo de disposición enviada por la legislatura», señaló. «Nosotros igual lo vamos a hacer y creo que el diputado Chiban está trabajando en ese tema. Pero para la Sra. es fácil opinar desde afuera, debería estar aquí y ver cómo funciona la Corte», concluyó.
