SALTA (Redacción) – El caso de los funcionarios públicos salteños que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sacudió el escenario político de la Provincia. Si bien el tema dejó de tener nuevas repercusiones, ahora se encuentra actuando la Justicia Federal. Precisamente, el fiscal a cargo de la causa reveló detalles sobre la investigación. Además, se debe mencionar que el Concejo Deliberante de Güemes votó en contra de una comisión que investigue a los ediles involucrados.
Como bien informa FM Profesional, el fiscal federal Ricardo Toranzos explicó que se encuentran trabajando con 54 casos y además, anticipó que están pronto a formular la imputación. Precisamente, apuntó que se encuentran recolectado todas las pruebas y evidencias “caso por caso” de los políticos sospechados de haber solicitado o cobrado el IFE de 10 mil pesos. Cabe remarcar que el bono que reparte Anses era destinado a la población afectada económicamente por la pandemia.
Divisiones de sospechosos
Luego, Toranzos describió que la investigación consta de tres etapas diferentes. En este sentido, diferenció que la primera es referida a la formulación de la imputación. En tanto, sigue la fase de control de la prueba. Finalmente, está la elevación a juicio de manera rápida en procesos que duran 2 o 3 meses, según la legislación vigente. Otro detalle a mencionar es que dividieron a los 54 sospechados en 3 categorías.
“En la primera, están los que se anotaron y percibieron el beneficio. En otra, los que se anotaron fueron aprobados pero no cobraron y en la última los que solicitaron el beneficio pero fueron rechazados por el sistema». Así lo detalló el funcionario judicial que lidera la causa. Por otro lado, como se mencionó los concejales de la Ciudad de Güemes votaron en contra de crear la comisión investigadora por el intento de cobro de IFE de 2 ediles locales.
Sólo los ediles que presentaron el proyecto votaron a favor: Lorena Cejas y Ariel Burgos. Como bien informó el DDN, el proyecto tenía como objetivo a investigar a los tres concejales que están involucrados en la tentativa de defraudación al estado al inscribirse para cobrar el bono. La comisión investigadora iba a manejarse de manera coordinada y colaborando con la Justicia, para garantizar el debido proceso legal. Sin embargo, no recibieron el apoyo necesario. Un dato menor el hecho que el Intendente no estaba de acuerdo con la creación.
