(Por Diego Nofal) Hace una semana la comunidad Wichí Yokuespehen, fue desalojada del asentamiento donde estaban instalados. Se habían asentado en el kilómetro 20 de la ruta nacional 86, a 20 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en tierras pertenecientes a Jorge Panayotidis, que pidió el inmediato desalojo. El Juzgado de Garantías 1, encabezado por Nelson Aramayo hizo lugar al titular de las tierras y la comunidad fue desalojada. Este fin de semana, la diputada Alcira Figueroa estuvo con los comuneros para interiorizarse de lo que ocurrió.
Este conflicto no comenzó hoy sino hace casi dos años. La comunidad tuvo un grave conflicto de liderazgo y esas diferencias internas hicieron que se dividieran. Parte de los miembros del grupo permanecieron en el kilómetro 16 de la ruta 86, otros tantos migraron hasta el kilómetro 20, de donde fueron desalojados. Los integrantes alegaron que los terrenos ocupados pertenecen a la propiedad ancestral de los pueblos originarios. Pero ni el titular registral, ni la Justicia estuvieron de acuerdo.
El agravante de este conflicto es que ocurre en un momento en el que las tomar de tierra están en el ojo del huracán mediático. En este marco las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aseguraron que “la comunidad no tuvo defensa ni traslado a un defensor oficial ni a los organismos competentes para que se exprese si está o no contemplada por la emergencia territorial”. Aunque ese tema no fue abordado por la diputada Alcira Figueroa.
“Este domingo visité las comunidades wichi Yokwespehen y Honatleles ubicadas en el norte de nuestra Provincia. Son de público conocimiento las situaciones angustiantes que están atravesando. He tomado la iniciativa de escuchar de propia voz de los hermanos y hermanas lo que están viviendo”, señaló con respecto a los desalojos que sufrieron, sin hacer referencia a la causa judicial o a la información del INAI.
“Además de haberme comunicado todas estas semanas con autoridades provinciales y nacionales competentes para la resolución de estos conflictos, considero que podré aportar también a las soluciones de largo plazo. En mi rol como legisladora nacional, en conjunto con mi equipo y las comunidades, vamos a trabajar en los proyectos de ley de propiedad comunitaria y la continuidad de relevamiento territorial para evitar nuevos atropellos y desalojos”, se comprometió.
