SALTA (Redacción) – En las últimas horas el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó la captura y detención del exintendente de Aguaray, Jorge Prado. Cabe recordar que el dirigente se encuentra imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos. Así también está implicado en el incumplimiento de deberes de funcionario público. Esta novedad se produjo ante los nuevos documentos que reveló el actual interventor del municipio Adrián Zigarán.
En este sentido, el fiscal pidió la captura y detención de Jorge Prado ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tartagal y anticipó que tiene previsto ampliar la imputación. Esto es en base a nuevos hechos documentados que entregó el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz. Estas evidencias revelaron que el exintendente no informó el destino de los primeros 24 millones de pesos que habría recibido durante el primer tramo de su gestión. Este periodo sería entre el 11 y 31 de diciembre de 2019.
Cabe mencionar que entre otras pruebas, el funcionario de la intervención también entregó documentación sobre las partidas por el COVID-19 que recibió Prado, desde mayo pasado. El monto que había recibido es un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos). Además, los archivos indica otros montos repartidos en las partidas recibidas durante este año.
«Peligro de entorpecimiento y fuga»
De esta manera, el pedido del fiscal al juez precisa que el exintendente deberá clarificar el destino de por lo menos $388.253.301,04 (trescientos ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos un pesos con cuatro centavos). Asimismo, Cazón recordó que la audiencia de imputación del miércoles 4, se realizó en forma remota. Esto se debe a que Prado informó que se encontraba en la capital de Salta.
De igual manera constituyó un domicilio en Aguaray pero no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios. Por esta razón, el fiscal apuntó que es “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial». «Ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, describió Cazón.