El ex intendente Jorge Prado cada vez más complicado: presentaron nueva documentación que agrava la causa

SALTA (Redacción) – El “robo del siglo” como calificaron al robo de caños del Gasoducto NEA que quedará en la memoria de todo el país, todavía sigue dando que hablar. Tras la sorpresiva detención del ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, nuevos datos salen a la luz y complican más al ex funcionario. En este sentido, está prevista una audiencia de ampliación para la próxima semana.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, fue quien fijó la audiencia de ampliación de declaración como imputado para el lunes 23 del corriente, a las 10 horas. Para concretarla, solicitará el traslado del exjefe comunal de Aguaray al Juzgado Federal de Orán, que entiende en otra causa contra el mismo imputado, actualmente detenido.

Cazón ampliará la imputación contra el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Cabe recordar que el mismo está acusado de la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para ello, se valdrá de nuevos hechos documentados a través de información recibida el 6 de noviembre pasado. La misma fue remitida por el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz.

Los documentos que ponen en jaque a Prado

El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que  Prado no informó el destino de los aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos); millones que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión. Sin embargo, estos millones no serían los únicos en la lista de irregularidades.

Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado. Las mismas condensan un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos). La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.

El pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos). En esta línea, deberá especificar el destino de cada pago, número de beneficiarios y otros detalles. El objetivo es que permitan verificar el uso de los fondos públicos, además de los gastos estimados en $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) de combustible que utilizó durante la gestión. Este gasto surge de los informes trimestrales de gastos qué el exfuncionario remitió al Concejo Deliberante de Aguaray.