SALTA (Redacción) – El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, se refirió a la Vacunación VIP en Salta y describió que «no es joda». En este sentido, el dirigente anticipó: «Vamos a pedir que se investigue. De la misma manera y con la misma intensidad que investigan hechos menores». Luego exigió «trasparencia» del Gobierno Provincial. Por otra parte, reiteró que sufre una «persecución política» por sus causas judiciales.
Ante la consulta, el intendente Gustavo Solís aclaró que no se vacunó contra el coronavirus: «Yo no tengo amigos». Y sobre el escándalo por la vacunación de funcionarios provinciales expresó: «Nosotros vamos a pedir un informe, porque creemos que el Gobierno debe mostrar transparencia». «Esto no es joda, quizás para algunos lo toman como un hecho más, nosotros no», aseguró el dirigente del Frente de Todos.
Luego, el jefe comunal se manifestó sobre el fallecimiento de su funcionario por COVID-19. «Antes de ayer ha fallecido mi secretario de gobierno, una persona de riesgo al cual se le negó la vacuna. Y después me entero que supuestamente había funcionarios que se habrían vacunado. De ser así, nosotros vamos a pedir que se investigue de la misma manera y con la misma intensidad que investigan hechos menores», apuntó Solís.
No obstante, también manifestó: «Espero que todo esto sea parte de alguna información distorsionada y que no sea parte de la realidad. Porque de ser así sea un grave hecho donde muchos funcionarios por principios hechos y morales deberían hacer un paso al costado. Y el señor gobernador es quien tendría que pedírselo». «Si uno investiga debe haber gente, empleados, amigos de los que manejan las vacunas que pudieran estar vacunados», consideró.
Causas por fraude como persecución
Luego, el intendente se refirió a las causas judiciales que enfrenta por supuestos fraudes millonarios. «Nos hemos ajustado a derecho», indicó sobre el proceso y agregó: «Hemos presentado un cumulo de varias pruebas que demuestran mi inocencia sobre los hechos que se imputan». «Pero la fiscal sin más intervención que solo pedir una elevación a juicio no ha considerado nada», acusó.
«Una etapa que en un proceso judicial investigativo normal que demora 4 meses, la fiscal lo ha resuelto en 4 días. Con un llamativo interés y rapidez sin precedentes en la justicia de Salta», insistió contra la funcionaria del caso. Allí reiteró: «Todo esto tiene que ver con una persecución política que yo vengo manifestando desde hace algún tiempo. Por pertenecer a un espacio político que no es del oficialismo salteño».
No obstante yo doy vuelta la página, mis abogados están trabajando, nosotros estamos conscientes de que nuestra inocencia se va a demostrar y cuando eso suceda vamos a salir fortalecidos de este intento por desprestigiarme, manchar mi nombre, como consecuencia que en Rosario de la frontera se vienen haciendo las cosas muy bien y vamos creciendo a niveles impensados en la provincia.