SALTA (Redacción) – La fiscal multifuero del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, María Celeste García Pisacic, amplió la imputación contra el senador Marcelo Durval García. Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal, se debe a la comisión de varios delitos. Entre ellos enumeran: «Fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo ello en concurso real y en calidad de autor».
En este sentido, el organismo provincial señaló que los hechos que le endilgan al legislador Marcelo Durval García ocurrieron cuando era secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal. «Se presentó esta semana con abogado particular y se abstuvo de declarar», aclaró el Ministerio Público. Por su parte, la fiscal del caso aclaró que lo pudo imputar «luego de convocarlo en dos oportunidades».
«Tras citarlo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública, ante un nuevo caso de incomparecencia injustificada», remarcaron sobre la presencia del senador. Por otra parte, explicaron que la imputación se amplió por «las actuaciones y la abundante prueba colectada». Allí detallaron que también está implicado Leonardo Fabián García «ya que a la fecha de los hechos denunciados», era el intendente del distrito.
Irregularidades por el manejo de fondos públicos
«La fiscal determinó que incumplieron en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. Así, dispusieron en forma discrecional de los recursos municipales sin observar las normas y produjeron un grave perjuicio al erario municipal. La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos», precisó el informe del caso.
En ese marco, la unidad fiscal agregó que el actual senador Marcelo Durval García: «Era quien libraba cheques sin contar con respaldo de documentación legal e impositiva que acreditara los gastos. Maniobras contrarias a lo estipulado por la ley de contabilidad de la Provincia de Salta».
Y sobre el delito de fraude a la administración pública, Marcelo García: «Habría desarrollado tareas tendientes a privar a la administración pública de bienes de su propiedad y por el contrario, dispuso de ellos en beneficio propio y de terceros». «Se habrían desviado fondos del presupuesto municipal para fines personales y para beneficiarse. Y llevar a cabo actos políticos enmarcados a la campana electoral», alertó la funcionaria a cargo del caso.