SALTA (Redacción) – Esta tarde, sesiona como todos los martes la cámara baja de la provincia. Los diputados de Salta sancionarán el proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica y administrativa. El nuevo plazo sería de un año, desde su actual vencimiento, para la Ley Nº 6.583 y sus sucesivas prórrogas, y la Ley N° 7.125 y sus sucesivas prórrogas.
En el escrito que ingresó al recinto legislativo, desde el gobierno se expresa que “las mentadas normas tienen larga vigencia en nuestro ordenamiento y sobre las mismas se ha diagramado ya un sistema de normas de inferior jerarquía, las cuales permiten sobrellevar la actual situación de emergencia, que se ha visto agravada por la emergencia sanitaria que hoy azota al mundo”.
además, se ha montado un andamiaje normativo del cual, dada la coyuntura social, no resulta en estas instancias convenientes desprenderse abruptamente, por cuanto de su continuidad se encuentran en juego la posibilidad de la reactivación económica que nuestro Gobierno busca a diario, entre otras acciones de Estado”.
En lo que respecta a la Ley Nº 6.583 su vigencia hace plausible la limitación de algunos beneficios y exenciones económicas, los cuales más que nunca deben ser controlados a los efectos de poder llevar previsibilidad a las medidas de gobierno. Y en lo referente a la Ley Nº 7.125, la misma se encuentra relacionada a la Ley Nº 6.583 en lo que respecta a la vigencia de ambas.
Cupo habitacional para mujeres víctimas de violencia de género
Los diputados Valeria Alejandra Fernández y Matías Monteagudo (ambos del departamento San Martín y del bloque de la UCR) impulsan un proyecto de ley destinado a que el Instituto Provincial de Vivienda de Salta disponga de un cupo mínimo del 5% de las unidades habitacionales a adjudicar a personas que sufren violencia de genero.
Esta determinación sería aplicable en cada localidad o ciudad de la provincia de Salta y estarían destinadas a mujeres que como consecuencia de situaciones de violencia doméstica se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Las destinatarias deberán ser personas con residencia permanente en la provincia de Salta y cumplir los requisitos que fije la reglamentación del IPV.