SALTA (Redacción) – Cuando había empezado la pandemia desde el Gobierno nacional habían lanzado el Ingreso Familiar de Emergencia para paliar los efectos que traería consigo las medidas de restricciones que se habían implementado. Los funcionarios públicos no podían cobrar esta compensación económica pero hubo concejales salteños que fueron beneficiarios. Ahora, están rindiendo cuenta en el banquillo de acusados.
El Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos es el área del Poder Judicial de Salta que está llevando adelante la acusación por defraudación a la Administración Pública como también incumplimiento de deberes como concejales salteños. El juicio comenzó ayer en el Tribunal Federal de Orán N° 1. En total son 8 ediles que están siendo investigados en esta causa.
Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari siguen ejerciendo sus funciones como concejales salteños ya que fueron reelectos en las últimas elecciones. Gabriela Cazón, es otro de los imputados, que están siendo juzgados por haber defraudado a la Administración Pública en concurso ideal sumado el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios y bajo la calidad de autores.
Mientras que en la misma causa, bajo la figura de grado de tentativa, está recayendo sobre el exconcejal Osvaldo Reynaga. Por otro lado, Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma están sentados en el banquillo de acusados bajo la condición de delito de incumplimiento de deberes y en calidad de autores. Los concejales pertenecían a las localidades de Pichanal, Urundel, San Lorenzo, Animaná, Los Toldos y Rivadavia Banda Norte.
Ninguno de los concejales estuvo dispuesto a declarar y por eso se dio lugar a las declaraciones de los testigos. Funcionarios del ANSES, del Banco Macro fueron los testimonios, quienes admitieron la irregularidad en el cobro del IFE, contaron que también habían renunciado a la dieta como concejal para cobrar la ayuda estatal y que los imputados habían recibido una carta documento donde se anunciaba que tenían 10 días para devolver el dinero y que el organismo de seguridad social se habían radicado miles de denuncias por el cobro ilegal del mismo.