SALTA (Redacción) – Con el objetivo de reducir las desigualdades de género y diferentes tipos de violencia intersexuales legisló la Ley Micaela. La misma consiste en diferentes capacitaciones para quienes desempeñan funciones en la administración pública. También alcanza a los diputados y senadores tanto nacional como provinciales. En sintesis, en Salta se finalizó el ciclo de formación que iniciado casi dos meses atrás.
La Ley Micaela fue implementada a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia. Por lo tanto, nuevos funcionarios de la administración pública recibieron capacitación bajo la perspectiva de género. Natalia Fuentes, Belén Jiménez, Agustín Pérez Marchetta y Laura Cataldi fueron las encargadas de dictar los cursos y talleres de formación.
De esta manera, en el último apartado de la Ley Micaela se hizo un análisis sobre diferentes normativas y procedimientos necesarios de observación. A su vez, también necesarias de interpretación, modificación o sanción a partir de normativas que hagan transversal la perspectiva de género. El fundamento detrás de todo esto es garantizar el cumplimiento del artículo 75.23 de la Constitución Nacional. El mismo manifiesta «el deber de legislar y adoptar medidas positivas para equipar derechos de las personas en condición de vulnerabilidad», entre ellas, las mujeres.
Cambios y transformaciones que provee la Ley Micaela en la Administración Pública
Por otro lado, el personal de la Unidad Central de Contrataciones también recibió capacitación bajo perspectiva de género. Cierto es que desde esta subórgano reconocieron la importancia de incorporar las herramientas de la Ley Micaela en esta área. La especialista, Natalia Fuentes, reconoció que «la capacitación permite analizar cómo inciden y repercuten los prejuicios, roles y estereotipos por motivos de género en cada contexto social, desde este ámbito en particular».
A modo de cierre, la capacitadora dio más detalles de la capacitación. «Detectar los sesgos de género vigentes en cada actividad permite pensar en la posibilidad de un cambio, una transformación, en función a las desigualdades históricas existentes respecto a la mujer y la diversidad», destacó Fuentes. Finalmente, agregó que «estas situaciones impiden una igualdad real de todos y todas. Exigiendo del Estado, conforme los compromisos convencionales asumidos en materia de los derechos humanos de las mujeres y la diversidad, la adopción de medidas positivas para equipar derechos», concluyó.
