SALTA (Redacción) – No para todos el inicio de año es con buenas vibras y esperanza, quien lo comenzó con algunas complicaciones fue Gustavo Solís ya que la Justicia estableció que no pueda salir del país. Esto se da en marco de una investigación en contra de su gestión al frente de la Municipalidad de Rosario de la Frontera en la que se involucra a su hermana y otros funcionarios locales.
Mario Dilascio, juez de Garantías, le dictó la prohibición al intendente Solís y a los otro siete imputados de salir del país. Todo esto para evitar que se entorpezca la causa o intenten fugarse en caso de que se complique la situación judicial. La investigación es por fraude a la administración pública, falsificación de un instrumento público y asociación ilícita en la Municipalidad.
Matías Iturre, Rubén Cardenas, José Luis Feres, Carolina Solís, Silvia Acosta, Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagra son los demás imputados. Todos ellos juntos al intendente tienen terminantemente prohibido salirse del país ni entorpecer la causa judicial. Cabe destacar que hasta hace poco, Gustavo aspiraba a acompañar a Sáenz como vicegobernador en las próximas elecciones.
Si alguno de ellos incumple con esta orden estaría cayendo en el delito de desobediencia judicial lo cual implica una inmediata detención. Una de las más complicadas es la hermana de Gustavo Solís, ya que por su culpa debieron allanar el municipio. Carolina está a cargo de la Secretaría de Hacienda del municipio. En total, los implicados están imputados en dos causas diferentes.
Las causas por las cuales son investigados los funcionarios
La primera causa por la cual se investiga a Gustavo Solís es por una obra de adoquinados en el barrio Ramón Abdala. En esa ocasión fue denunciado por quien era el auditor general de la provincia, Mariano San Millán. Se advirtió que existían ciertas irregularidades en ese momento en las contrataciones que realizó el Departamento Ejecutivo Municipal, en el año 2017.
Por otro lado, también se investigan a los funcionarios de Rosario de la Frontera por una supuesta emisión de cheques para una persona registrada como proveedora, pero que posteriormente se endosó y cobró por el municipio. Fue esa causa por la cual se detuvo de manera provisoria a Carolina Solís porque la acusaron de estar entorpeciendo la causa.
