SALTA (Redacción) – El Instituto Provincial de la Vivienda se pondrá más estricto en los controles de pago y adjudicación de hogares populares. Gustavo Carrizo, su presidente, anticipó que hay una morosidad de aproximadamente el 40% lo cual representa alrededor de 17.000 familias. La mayoría de ellas tiene cuotas que se elevan hasta los $60.000, lo cual si se analiza con los salarios se vuelve un panorama complicado.
«Hoy estamos con una morosidad de un 38% que consideramos elevada, pero vamos avanzando en buscar respuestas mucho más positivas. La firma del convenio con la Secretaría de Justicia nos dio bastante aire porque a través de un sistema de mediación encontramos el diálogo que quizás nosotros no lo sabemos hacer», reconoció Carrizo. «En esta semana hemos vuelto a avanzar con ese convenio de mediación y en los próximos días vamos a mandar más intimaciones», agregó.
Mientras tanto, el presidente del IPV aclaró que en Salta Capital la morosidad se eleva a un 15%. Para evitar problemas a futuro es que ya se pusieron a trabajar en conjunto con los intendentes municipales para buscar soluciones en conjunto. En este sentido, Carrizo remarcó que se debe analizar cuántos ingresos mínimos exigir para garantizar el pago de las cuotas de las viviendas.
«Hay algo que también tenemos que revisar, en la gestión anterior accedían a una vivienda todas las familias que ganaban hasta dos sueldos mínimos, es decir casi 140 mil pesos. Ahora hemos decidió que los que participen en nuestros sorteos sean las familias que ganan desde 2 hasta 8 sueldos mínimos, ahí entendemos que con ese índice de ingreso vamos a obtener lo que buscamos, sino no lo pueden pagar», aseguró Carrizo.
Desde el IPV reconocen que el monto de las cuotas son elevadas
Por consiguiente, Carrizo aclaró que es conciente que las cuotas de las casas que se entregaron en La Poma deberían ser de $50.00. Sin embargo, también admitió que ese monto es demasiado elevado para dicha localidad porque una familia gana en promedio $140.000 y representaría el 30%.
«Nosotros estamos del lado del vulnerable, pero también sin ingresos no podemos trabajar, entonces tiene que haber un equilibrio. Con las nuevas viviendas que estamos por entregar se va a hacer un buen trabajo de ver a quién se las asignamos. Quienes participan de un acceso a la vivienda son las personas que no tienen una, que tienen un grupo familiar y tienen ingresos desde 2 hasta 8 salarios mínimos«, explicó para concluir Carrizo.
