SALTA (Redacción) – Sigue la discusión por la polémica ley antipiquetes en Salta. Ahora fue un constitucionalista y ex miembro de la Cámara de Diputados quien se opuso. Guillermo Martinelli advirtió que hay una clara negación de derechos constitucionales y se roza con los límites antidemocráticos. Para el jurista se trata más de una discusión política y no tanto vista desde el ámbito judicial.
Con una mirada bastante pesimista, el diputado mandato cumplido fue muy crítico con esta iniciativa y la vinculó con el proceso militar de 1976 a 1893. Antes que nada, señaló que en primer lugar el proyecto se tendría que haber discutido en comisiones y no sobre tablas como ocurrió. Al mismo tiempo, Martinelli alertó que «está llena de una negación de los derechos constitucionales». Se vulneran los artículos 23 y 25 sobre la libertad de expresión y derecho a reunión.
Por su parte, señaló que esta ley va en contra del objetivo mismo del paro y de las manifestaciones. «Hay una limitación, anulación porque en su artículo tercero del proyecto de ley establece que para hacer la protesta tiene que permitirse la libre efectividad de los servicios de educación, ambulancia, bomberos y salud«. Así visto, los docentes, los médicos o quien sea que se manifieste no podrían hacer uso efectivo del derecho de huelga que «impide el funcionamiento de esos servicios», sostuvo Martinelli.
Una ley totalmente negativa
El jurista continuó detallando a la legislación en cuestión y rechazó la idea de que los manifestantes puedan recibir la autorización tendrán que pedirselo a la Policía antes. Lo más polémico de esta iniciativa es que establece un horario, un tiempo límite, lugar específico y objetivo de la protesta. «Si no cumple con los requisitos, no lo autoriza», cuestionó Martinelli enfatizando en su negación sobre esta ley.
«No me cabe ninguna duda que es una ley absolutamente negativa, de negación de los derechos de reunión, de protesta y de libre expresión«. Para tomar dimensión del análisis que realizó y del cuestionamiento a este proyecto legislativo, lo comparó con la dictadura militar de 1976. «Es una ley que únicamente se puede compatibilizar con funciones que la dictadura hizo antes de 1982. Esto es una discusión política, antes que judicial», enfatizó Martinelli a modo de cierre.
