SALTA (Redacción) – Los diputados aprobaron y dieron media sanción a la polémica ley antipiquetes. Todo esto se da en un marco de extrema conflictividad social, con cortes de rutas y movilizaciones masivas. Ahora la pelota queda en manos de los senadores de Salta que en caso de dar visto bueno a esta iniciativa se marcaría un antecedente para todos aquellos que decidan movilizarse.
Como muestra de lo que es la clara lejanía y distanciamiento que tiene la clase política con la sociedad, la Legislatura estará vallada en el transcurso de la sesión parlamentaria. Miguel Ceballos, jefe de la Policía de Salta, confirmó que estarán controlando que no haya movilización ni amontonamiento de personas en el lugar. La sesión se realizará durante la mañana de este jueves 1 de junio y los senadores tratarán de aprobar la iniciativa.
«Vallamos la zona donde se encuentra la Legislatura debido a que en el transcurso de la mañana se va a llevar a cabo una sesión para tratar la ley antipiquete. Ya hay una concentración de personas prevista, nosotros debemos velar para todo se desarrolle totalmente sin inconvenientes», aclaró Ceballos. El jefe de la Policía compartió la información con un medio periodístico. Cuando finalice la jornada parlamentaria y los senadores dejen el recinto recién ahí se retirarán los efectivos policiales.
La Ley antipiquetes divide las aguas en el Senado
A pesar de que el gobernador Gustavo Sáenz cuenta con una amplia mayoría a su favor en el Senado, la ley antipiquetes genera dudas en los senadores. La iniciativa legislativa establece que toda aquella organización que decida manifestarse deberán notificarse al menos 24 horas antes. Frente a su posible aprobación definitiva, se prevé que haya movilización a la Legislatura.
Lo que sabe desde adentro del Poder Legislativo es que algunos senadores prefieren no tratar esta iniciativa. Desde el kirchnerismo más duro a sectores de izquierda se autoconvocaron para rechazar este proyecto de ley. La situación llegó a un punto límite y de no retorno, los docentes ya llevan un mes exactamente movilizándose. A esto se sumó que la jueza Ada Zunino habilitó el desplazamiento vía coerción policial de los manifestantes el fin de semana.
¿Qué plantea la polémica ley? En otras palabras, establece que «la autoridad de aplicación resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública». También se busca que «permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos». Al mismo tiempo, tienen que habilitar «aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; evite la comisión de delitos tipificados en el código penal durante los actos preparativos, desarrollo o desconcentración».
