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POLÍTICA

Juan Carlos Romero va a presentar un un dictamen por la movilidad jubilatoria

El senador nacional, Juan Carlos Romero, anunció esta medida para indagar sobre el origen para financiar la movilidad jubilatoria.

SALTA – Luego de lo que fue el tratamiento de la Ley Bases en el Senado muchas polémicas quedaron en el aire debido al intenso clima que se vivió. En ese contexto, Juan Carlos Romero fue uno de los protagonistas que decidió votar a favor del proyecto del Gobierno Nacional. Esta vez, anunció que va a presentar un dictamen para corroborar acerca de los orígenes de los recursos para poder financiar la movilidad jubilatoria.

La movilidad jubilatoria es un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación desde el sector de la oposición a Nación. Si bien consiguió su media sanción en el recinto, desde el oficialismo mostraron su malestar por esta inciativa. Sin embargo, ahora será tratado en el Senado y Romero pidió indagar más sobre este propuesta.

Juan Carlos Romero aclaró que está favor de los jubilados

El ex gobernador de la provincia de Salta y actual senador nacional, manifestó que su intención es simplemente poder investigar y aclarar algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta cuando se debatió la propuesta en Diputados. Además, para evitar malos entendidos, sentenció que está a favor de este proyecto y expresó que el propósito de este artículo es para ayudar en la causa.

«Presentaré un dictamen para resolver una omisión de Diputados en señalar el origen de los recursos para financiar la movilidad jubilatoria. Estoy de acuerdo en recomponer el ingreso a los jubilados. Por eso propongo en esta ley agregar un artículo a la media sanción de Diputados reduciendo los beneficios y exenciones impositivas al ensamblado de productos electrónicos de Tierra de Fuego», escribió el funcionario en su cuenta personal de X.

Por último, puntualizó sobre el porcentaje y el equilibrio que busca para compensar su demanda. «El porcentaje debe ser equivalente al costo fiscal para cumplir esta obligación, estimados en un 0,42% del PBI». Desde la oposición están rontundamente en contra de este proyecto y hasta algunos funcionarios como Emilia Orozco establecieron que se busca «quebrar al Estado».

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