SALTA (Redacción) – Los últimos actos de demagogia del gobernador Gustavo Sáenz ha dejado en evidencia su verdadera ambición y puso en duda la sostenibilidad del supuesto equilibrio fiscal. Ahora envió el proyecto para que los conductores alcoholizados que tienen accidente de tránsito paguen su atención médica o hagan tareas comunitarias.
De este modo, el proyecto ingresó a la Legislatura provincial para que se hagan cargo de los accidentes que provoquen estando alcoholizados o por haber consumido estupefacientes. Para el gobernador Sáenz es clave que los responsables asuman su responsabilidad por los hechos porque la plata de los contribuyentes no puede costear sus errores.
«Dichas conductas, más allá de las sanciones previstas, merecen que los responsables asuman las consecuencias económicas de la atención médica que demande la situación«, remarcó Sáenz. También indicó que los gastos llevados a cabo en los sistemas de salud por accidentes de tránsito son muy elevados. «Esto repercute en el sistema de Salud, que debe destinar sumas muy elevadas para la atención de quienes conducen de manera negligente e irresponsable», agregó.
A su vez, indicó que «la obligación de hacerse cargo de los gastos ocasionados por conducir de manera irresponsable no admite excepciones». Por otro lado, «el proyecto prevé, para quienes acrediten estado de insolvencia, que deberán cancelar la obligación mediante la prestación de servicios comunitarios, en el entendimiento de que sin importar la condición económica, el que ocasiona un menoscabo al erario público por su conducta imprudente debe responder por él».
Cuidar el servicio de salud
Al mismo tiempo, el mandatario provincial detalló que con «la norma que se impulsa persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes». Ya que la ciudadanía con el simple pago de sus impuestos, «coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros viales».
En definitiva, el proyecto propone que «facultar al Ministerio de Salud Pública, a través del organismo correspondiente, a efectuar los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública».