SALTA (Redacción) – Desde que las posiciones extremas lograron posicionarse en el poder político, el gobernador Gustavo Sáenz mostró la hilacha como nunca. Todo el año pasado la oposición ha sufrido diferentes tipos de amedrentamientos, con programas televisivos censurados y opositores perseguidos en diferentes partes. Por eso se presentó una denuncia en su contra.
La denuncia fue presentada por el bloque de Unión por la Patria de Salta. Se sabe que dentro del peronismos salteño hay una fuerte fragmentación y esto lleva a su limite todo el escollo. En las últimas semanas del año pasado simples militantes fueron perseguidos y allanados en sus lugares de trabajo a quienes se los acusó de tener una «usina de fake news».
Las pruebas presentadas son recopilaciones de diferentes vídeos cargados y compartidos por los medios de comunicación. Un factor a tener en cuenta y que demuestra la gravedad de los hechos es que los acusados fueron coaccionados para responsabilizar a un diputado opositor de ser el encargado de todo esto. Aparte de eso, también un empresario propietario de dos medios de comunicación sufre todo esto.
Dentro del equipo del gobernador Sáenz una de las personas apuntadas es Nicolás Demitrópulos, quien actúa como el «Monje negro» de la secta saenzista. En el comunicado de Unión Por la Patria también recordaron el caso del periodista Luis Caro y la dirigente Elia Fernández, que a fines del año pasado también fueron demorados y sufrieron allanamientos rayanos con lo ilegal.
Todos los ven, nadie hace nada
Lo más alarmante de todo es que el accionar de censura contra la oposición salteña es la vista de todos. Esto va desde una cantidad de medios privados que son manejados por la pauta del gobierno provincial. Al igual que el papel que juega el Poder Judicial coaccionando y apretando a los opositores. «Vemos cómo el aparato mediático judicial se presta, a una persecución sin precedentes en nuestra provincia contra un opositor político, el Diputado Nacional Emiliano Estrada», señala el documento.
«Denunciamos la imposición de censura a periodistas, militantes y autoridades políticas y partidarias. El armado ilegal e ilegitimo de causas penales. En clara violación de libertad de expresión y de prensa a personas, medios y políticos opositores a Sáenz y su gobierno. Lo cual constituye una asociación ilícita entre sus integrantes, con el claro objeto de cometer delitos, utilizando el aparato estatal», concluyó la acusación contra Sáenz.