Con aparente tensión social, la jueza Ada Zunino, a cargo del Juzgado de Garantías nº?1 de Salta, expresó recientemente su respaldo a la pena de muerte en “casos excepcionales” con alta exposición mediática. Según sus palabras, los crímenes más atroces podrían justificar un vuelco radical en el sistema penal.
Zunino incluso planteó la necesidad de “habilitar el debate” sobre la reimplantación de la pena capital en la Argentina, al menos para ciertos delitos graves. Esta postura generó polémica tanto en redes sociales como en foros de opinión pública, donde la discusión sigue abierta.
La jueza argumentó que la gravedad y repercusión de algunos hechos criminales, especialmente aquellos que conmueven emocionalmente a la sociedad del NOA, justificarían considerar medidas extremas. Habría resaltado que el imputado debiera afrontar un proceso judicial con facultades extraordinarias o superiores.
Su propuesta llega justo cuando el país mantiene la abolición de la pena de muerte desde 2008, tras su derogación para delitos comunes en 1984. Esta postura también se da en medio de un marco regional y global que observa a la Argentina como un país completamente abolicionista.
Por otro lado, algunos sectores del Poder Judicial y entidades de derechos humanos —como podría ser el caso de la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de Salud en situaciones relacionadas con crímenes con víctimas menores— ya han rechazado de plano la idea, defendiendo una política carcelaria enfocada en rehabilitación y reinserción.
En este contexto, la propuesta de Zunino podría ser interpretada como un desafío al statu quo y un pedido urgente para que el Congreso o alguna “Comisión de Debate” constitucional evalúe el restablecimiento, al menos temporal, de la pena capital en casos de impacto social masivo, abriendo un canal para reformar el sistema penal sin demora.
