La intendenta Bettina Romero quedó en el centro de una fuerte polémica tras las denuncias de que su administración habría provocado una “hecatombe económica” en la ciudad de Salta. Los cuestionamientos apuntan a un manejo financiero deficiente que dejó al municipio en una situación crítica.
Según la oposición, el gasto público aumentó sin respaldo presupuestario y las deudas con proveedores crecieron de manera alarmante. También advierten que la recaudación propia cayó en medio de una gestión marcada por obras inconclusas y servicios deteriorados.
En los despachos oficiales rechazan esa lectura y sostienen que la crisis responde a la falta de recursos enviados por Nación. Funcionarios cercanos remarcan que el municipio debió afrontar gastos extraordinarios en infraestructura y asistencia social, lo que habría afectado la caja diaria.
El debate escaló en el Concejo Deliberante, donde concejales opositores plantearon que la intendencia no presentó informes claros sobre los movimientos de fondos. Allí surgieron pedidos de auditorías y exigencias de mayor transparencia en las contrataciones.
En medio de la polémica, Bettina Romero defendió su gestión y afirmó que los ataques buscan debilitar su imagen de cara al futuro político. Aseguró que el municipio mantuvo programas sociales clave y que la deuda está dentro de parámetros administrables.
Analistas locales advierten que la disputa no se limita a números, sino que refleja la tensión política en la capital salteña. La intendenta aparece como figura central en las discusiones sobre la sucesión y su liderazgo despierta resistencias en distintos sectores.
La situación también impacta en la economía cotidiana de la ciudad. Comerciantes y empresarios pymes denuncian atraso en pagos, mientras vecinos señalan que los servicios básicos sufren por la falta de inversión. Los reclamos se multiplican y la administración deberá responder en un clima de creciente desconfianza.
El caso volvió a instalar el debate sobre la gestión de recursos públicos en Salta y sobre el futuro de la conducción municipal. En un escenario donde cada peso cuenta, la acusación de “hecatombe económica” se convirtió en un arma política de primer orden.