Una investigación periodística reveló que la fiscal Sofía Cornejo Solá adquirió un terreno en la exclusiva zona de San Lorenzo Chico a un precio muy inferior a su valor real. Los documentos notariales, a los que accedió este medio, muestran una diferencia de más de 200 millones de pesos entre el monto declarado y el de mercado.
Según la documentación, la compra se realizó por unos $250 millones, aunque en el acta notarial Cornejo Solá declaró haber pagado apenas $30 millones. La operación fue certificada por la escribana Luciana Andrea Araneta y la vendedora fue Alicia Solange Barresi. La discrepancia entre los valores es tan amplia que encendió alertas entre especialistas en materia tributaria.
La maniobra, según fuentes consultadas, podría encuadrarse en una subvaluación intencional. Este mecanismo suele emplearse para evadir impuestos y reducir el pago de tributos como Bienes Personales o el impuesto a la transferencia de inmuebles. En términos legales, representa una práctica sancionable que puede derivar en causas por evasión fiscal.
El caso adquiere mayor gravedad por la condición de funcionaria judicial de Cornejo Solá. Su salario como fiscal no justificaría una operación de semejante magnitud, y la diferencia declarada alimenta sospechas de lavado de activos. Este tipo de maniobras permite blanquear fondos no declarados al vender posteriormente la propiedad al precio real de mercado.
La documentación publicada muestra un patrón común en operaciones irregulares: un precio real y otro declarado ante escribano. Expertos consultados coinciden en que la compra merece una investigación de oficio por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio Público Fiscal.
El escándalo pone en cuestión la transparencia del sistema judicial salteño. “Quien debe hacer cumplir la ley no puede ignorarla”, señalaron fuentes cercanas al fuero local. La credibilidad institucional, advierten, se ve comprometida cuando las irregularidades provienen de funcionarios encargados de perseguir delitos.
Los documentos originales están disponibles para su consulta pública. Tanto Cornejo Solá como la escribana Araneta deberán explicar por qué la operación se realizó por valores que no coinciden con los del mercado. Las autoridades judiciales y fiscales tienen ahora la responsabilidad de determinar si hubo delito y si corresponde una sanción ejemplar.