El gobernador Gustavo?Sáenz protagonizó un giro inesperado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando este lunes vetó la iniciativa impulsada por Javier?Milei y, junto al resto de los mandatarios provinciales, presentó su propia propuesta para distribuir recursos fiscales. Su acercamiento con un perfil federal abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la pérdida de coparticipación nacional.
En un documento respaldado por las firmas de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, se plantea un esquema similar a la coparticipación, regularizando la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según el periodista Francisco?Ibáñez, esto permitiría a las provincias recibir en conjunto $5,5 billones por los combustibles y $800 mil millones en ATN, fondos que actualmente recauda Nación para sostener el superávit.
La propuesta sustenta su viabilidad fiscal al subordinarse a la sostenibilidad nacional y redistribuir los fondos según la Ley 23.548. En términos concretos, el esquema propone que del total recaudado, el 10,40?% quede en el Tesoro Nacional, el 58,36?% se dirija a las provincias, el 28,69?% al Sistema Único de Seguridad Social y el 2,55?% a la Compensación de Transporte Público. Además se contempla eliminar los fondos fiduciarios FFSIT y FFIH, y automatizar el flujo del Fondo de Aportes para asignarlo diariamente según criterios de emergencia financiera.
Este planteo busca avanzar hacia un federalismo más justo. Sáenz sostiene que la fórmula actual beneficia excesivamente al gobierno central, recortando recursos vitales para las provincias. Su desafío a la propuesta oficial representa un golpe político a la estrategia de Milei, a quien acusó indirectamente de concentrar decisiones fiscales en Buenos Aires.
Desde una perspectiva editorial, el paso de Sáenz demuestra cómo los gobernadores están dispuestos a disputar espacios de poder económico, más allá de posturas partidarias. Su proyecto apunta a fortalecer la autonomía provincial y a reducir la dependencia del centralismo porteño.
En este contexto, resulta clave seguir la evolución legislativa de esta iniciativa. La modificación de leyes como la 23.966 y la Ley de Coparticipación exige acuerdos en el Congreso. El próximo debate mostrará si los gobernadores y la oposición mantienen firmeza ante una reforma que redefine la arquitectura federal del país.