Diez trabajadores rurales que fueron rescatados de condiciones de trata laboral en Salta recibieron una indemnización total de 15 millones de pesos, tras un acuerdo judicial inédito que priorizó la reparación simbólica sobre la sanción penal. Cada uno de ellos cobrará $1,5 millones, marcando un precedente en la justicia federal para casos de explotación.
El operativo tuvo lugar en Joaquín V. González, cuando inspectores descubrieron a los obreros viviendo en una casilla sin agua ni baños, durmiendo sobre gomas de tractor, sin herramientas y con alimentos descontados compulsivamente de su salario. La finca Suri Blanco, propiedad de Ángel Gustavo Enríquez, fue inspeccionada en noviembre de 2023, lo que activó la intervención de la Fiscalía Federal de Salta.
El fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar Ignacio Irigoyen impulsaron una resolución alternativa que evitó el juicio tradicional. Con respaldo del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y el aval del juez federal Julio Bavio, se homologó la conciliación que garantiza una compensación económica inmediata y reconoce la dignidad vulnerada de los afectados.
La figura legal se sustenta en el Código Procesal Penal Federal, que permite salidas “superadoras” a través de reparación integral. La medida fue celebrada por organismos que trabajan contra la trata laboral, al representar una respuesta concreta frente a una forma de esclavitud moderna que persiste, especialmente en regiones como el NOA.
En el esquema de distribución, se detalló que el monto surge de un acuerdo entre el acusado y el Ministerio Público Fiscal, con mecanismos de seguimiento para garantizar el cobro efectivo. El caso también reavivó el debate sobre las condiciones laborales en zonas rurales, donde muchas veces la informalidad encubre explotación.
La Justicia Federal remarcó que el enfoque busca evitar la revictimización de quienes sufren trata, y transformar el proceso judicial en una herramienta de restitución. A nivel nacional, es uno de los pocos antecedentes donde la reparación económica fue priorizada con aval judicial y sin dilaciones procesales.