El Senado de Salta abrió una fuerte polémica al presentar un proyecto que busca redirigir fondos de programas sociales destinados a extranjeros hacia jubilados y personas con discapacidad. La iniciativa encendió el debate tanto en la provincia como en el plano nacional.
Los impulsores afirman que los adultos mayores atraviesan una crisis profunda y que las personas con discapacidad necesitan más recursos. Para ellos, la prioridad debe ser atender a esos sectores, que viven con pensiones bajas y problemas para acceder a medicamentos y servicios básicos.
Las críticas llegaron rápido. Dirigentes y organizaciones sociales sostienen que la medida divide a la población y genera tensiones con comunidades extranjeras. También remarcan que muchos de ellos tributan y trabajan en la Argentina, por lo que deberían mantener el acceso a la asistencia.
En barrios de la capital provincial y del interior se escuchan reclamos similares. Jubilados denuncian retrasos en cobros y falta de cobertura médica. Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad advierten que se redujeron programas y que los tratamientos quedaron a medias.
El Senado de Salta discutirá el proyecto en comisiones antes de llevarlo al recinto. Aunque todavía no hay fecha de votación, algunos senadores reconocen que el tema se convirtió en bandera de campaña. El debate sobre cómo repartir los recursos sociales ya está en la calle.
Analistas señalan que la iniciativa refleja la tensión entre las provincias y la Nación. En los últimos meses, informes del Ministerio de Desarrollo Social registraron un aumento de la demanda de programas de ayuda. Esa presión explica por qué la discusión gana fuerza en el norte.
La propuesta busca mostrar que Salta exige un trato distinto. Sus promotores quieren instalar la idea de que primero se debe garantizar un piso de dignidad a jubilados y personas con discapacidad. Si avanza, la medida podría modificar la política de asistencia en toda la región.
