SALTA (Redacción) – Continúa la polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que prohibió el traslado de las antenas de telefonía que están ubicadas dentro de la localidad de General Güemes. Con el paso de los días, cada vez han sido más los dirigentes políticos y especialistas en la materia que se han expresado en contra de la resolución del máximo tribunal. Entre ellos, se destacaron las palabras del fiscal ambiental Gustavo Gómez, quien repudió la decisión de la mayoría de los magistrados.
Gómez sostuvo en FM 91.1 que la determinación de la Corte Suprema podría provocar “una serie de inconvenientes” a la población de General Güemes y, al mismo tiempo, advirtió que estas problemáticas “van más allá de cualquier voluntad defensora del federalismo”. Este proceso judicial se originó después de que el Concejo Deliberante del municipio había aprobado el traslado de antenas hacia las afueras de la ciudad, a fin de evitar que tuvieran efectos nocivos en la población.
Entre los argumentos que esgrimió para cuestionar el dictamen, el fiscal señaló una serie de “cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y el principio de protección que tenemos dentro de nuestra legislación ambiental”. Asimismo, indicó que existen casos de municipios en otros puntos del país a los cuales se les autorizó este mismo reclamo sin mayores inconvenientes. “En Córdoba está en plena vigencia la Ordenanza N° 11032, que establece un régimen para instalar estaciones radioeléctricas y antenas; y a un municipio pequeño como Güemes se la anulan”, expuso.
Por otra parte, Gómez consideró que el máximo tribunal de la Nación intentó determinar “una línea jurisprudencial para, de aquí en más, empezar a implementar con todos los municipios del país”. Igualmente, valoró el rol que asumió el procurador fiscal ante la Corte, Dr. Víctor Abramovich, quien se expresó “a favor de la ordenanza de General Güemes”. “Dijo que era válida y la apoyó en fundamentos que después recoge el fallo en minoría de la Corte”, agregó. En esa línea, remarcó que el funcionario público estipuló que la resolución municipal es un “claro ejercicio de federalismo”.
“En segundo lugar, el municipio tiene el derecho de que no le llenen de antenas todo el microcentro, porque es el lugar que más se vende”, formuló el fiscal, quien recalcó que “hay un reordenamiento territorial que las comunas tienen la obligación de hacer respetar, más allá de las cuestiones ambientales que se puedan discutir”. En tanto, el especialista manifestó que a pesar de que “el ejercicio de esas facultades son concurrentes con la nación, no son exclusivas ni de uno ni de otro ámbito”.
Caso cerrado
Uno de los principales motivos por los que Gómez lamentó esta decisión de la Corte Suprema es porque ya no existe otra instancia de apelación. En esa línea, recordó que este organismo “es la palabra máxima en materia de justicia en nuestro país”. “No hay otra posibilidad que derogar esta ordenanza y darla por no cumplida”, comentó el abogado, al tiempo que también expuso que, en adelante, “las empresas podrán ignorar el contenido de esta normativa y seguir colocando antenas donde les plazca”. “Es lamentable”, sentenció.
“Pero insisto: es una votación tres a dos, y esto deja la puerta abierta para otras ordenanzas que están avanzando mucho en el país”, aludió. Igualmente, el fiscal no destacó que en el futuro “pueda cambiarse esta jurisprudencia”. “Se abre una puerta no solo para que este tipo de ordenanzas sobre antenas puedan discutirse desde el punto de vista técnico, sino que también se abre una puerta para otro tipo de ordenanzas, que se están sancionando en otros municipios, que tienen que ver con la protección ambiental”, concluyó.