SALTA (Redacción) – Una mujer denunció al Hospital Melchora Figueroa de Cornejo de la localidad de Rosario de la Frontera. Según el testimonio que expuso en sede judicial, meses atrás había ingresado voluntariamente al nosocomio para realizarse un control por su avanzado embarazo. Sin embargo, expuso que debió enfrentar una situación traumática, a la calificó como «violencia obstétrica«. Por este motivo, la damnificada elevó la demanda en contra de las autoridades y de varios profesionales.
El documento judicial figura detalladamente la complicada experiencia que habría atravesado esta mujer, cuyo identidad no se dio a conocer públicamente. De acuerdo con su versión, este episodio ocurrió a comienzos de enero de este año. Además, señaló que en ese momento estaba cursando el noveno mes de embarazo y, también, esa jornada presentaba algunos problemas de salud. En tanto, la demanda apunta contra los doctores Eduardo Torres y Fabián Morales, y la Gerente General de la institución, Dra. Claudia Aguirre.
De acuerdo a la información que difundió Diario Info, el hecho que derivó en la denuncia se produjo en la noche del pasado jueves 10 de enero. En ese momento, la mujer se trasladó hacia nosocomio público a causa de una serie complicaciones en su salud. Además de los nueve meses de embarazo, la paciente presentaba presión alta. Ante ello, quedó internada en el centro de salud, con la particularidad de que ya tenía programada la cesárea para la mañana siguiente.
Sin embargo, las complicaciones comenzaron a aparecer cuando debía ser llevarse a cabo el procedimiento. Al momento en el que la mujer ya se encontraba en el quirófano, le avisaron su ginecólogo, el Dr. Torres, no podría concurrir porque debía resolver unos asuntos personales. Posteriormente, se quedó en ese cuarto esperando por horas la llegada de algún profesional. Pero, cuando el médico arribó, le contó que tendría que aguardar aún más realizar la intervención. Esto se debía que los elementos necesarios se encontraban en la ciudad de Metán.
Frente a estas situaciones, la paciente reclamó que la deriven hacia otro sanatorio. Ante ello, la directora del establecimiento rechazó su petición de manera terminante. A pesar de ello, pasaron algunas horas y, finalmente, decidieron trasladar a la mujer para que pudiera dar a luz. De esa manera, la joven fue transportada hacia el Hospital Público Materno Infantil de la localidad de Salta. Allí, la mujer tuvo a su hijo, pero los profesionales que la atendieron constataron que presentaba lesiones «por las horas que tuvo la sonda».
Legislación
En base a lo que consideró como un «trato indigno«, la damnificada aseveró que el nosocomio de Rosario de la Frontera la obligó a pagar 1.200 pesos para cubrir el costo del traslado. Actualmente, la causa continúa su curso en el Juzgado de Violencia de Género de la ciudad de Metán. En ese orden, su denuncia cuenta con el respaldo de la Ley N° 26.485 de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Esta legislación sirve para accionar ante casos de violencia económica, física, psicológica, sexual y simbólica.
En este marco, la norma concibe como delitos a los actos de violencia obstétrica. Precisamente, está catalogada como «aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres». Asimismo, estipularon que se manifiesta a partir de «un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley N° 25.929». A su vez, las fuentes judiciales indicaron que en Argentina se garantiza el apoyo legal a los derechos de las mujeres a lo largo de la gestación y del parto.
