SALTA (Redacción) – Desde hace un mes que el Gobierno de Salta está abocado en brindar asistencia a la población del norte. En el marco de la emergencia sociosanitaria, semanas atrás la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se puso a disposición de las necesidades de los habitantes de los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín. Ante ello, afirmaron que los casos desnutrición infantil en las comunidades originarias están directamente vinculados con la falta de acceso al monte.
Según consigna la FM 88.1, la decana de la Facultad de Humanidades de la UNSa, la antropóloga Catalina Buliubasich, se refirió en detalle a la problemática que afecta a las poblaciones del norte. Respecto al territorio explicó que se trata de un tema crítico, además, sostuvo que existen diversas situaciones. En ese línea, destacó el caso de los lotes 55 y 14 en Rivadavia Banda Norte, este conflicto tiene 30 años. De esa manera, indicó que estas personas aún esperan el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se inicie la delimitación de tierras.
Ante ello, Buliubasich comentó que en el relevamiento que hicieron en el 2007 para el departamento de San Martín, tienen un estatus jurídico bastante complejo. En este sentido dijeron que allí se presenta la mayor diversidad étnica de la Provincia. Destacó que también existen muchas tierras que son privadas,precisamente, esta situación despertó recientemente un litigio en el municipio de Joaquín V. González.
Desnutrición infantil
Por otra parte, la decana aseveró que los problemas de desnutrición que atraviesan los miembros de las comunidades originarias están asociados a la dificultad del acceso al monte. «En la medida en que las comunidades chaquences, como los wichi, van siendo amenazadas en su posibilidad de utilizar los recursos naturales del monte, se produce esto», formuló.
A su vez, afirmó que «la expansión de la frontera agropecuaria va generando esta situación muy grave para la reproducción de los pueblos indígenas desde hace más de dos décadas».
Asimismo, Buliubasich cuestionó a los funcionarios que plantean que el idioma o la cultura de los pueblos originarios son un problema. Al respecto, exclamó estas cuestiones no solo no representan un inconveniente, sino también ratificó que son un derecho que tienen los pueblos originarios.
Además, recalcó que «el principal de los derechos que tienen es el de ser consultados». Finalmente, la docente consideró que esta interacción debe ser libre, informada, vinculante y de buena fe.