SALTA (Redacción) – Desde 1973 el servicio público no ofrece respuestas. La empresa estatal se privatizó en 1998 y aunque cambios de gestiones, la crisis continúa. Si bien la falta de acceso al agua es propia del norte, la bebible está a más de cien metros de profundidad y el costo de extracción es muy alto. Lo cierto es que los wichis nunca tuvieron respuestas efectivas desde el Estado para dar solución, y en los últimos meses, provocó la muerte de ocho niños.
En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación da cuenta de una problemática que ya lleva casi medio siglo. Los servicios de agua y cloaca en Salta datan de inicios del siglo XX cuando la prestación del suministro estaba a cargo de Obras Sanitarias de la Nación. En 1973 se creó el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH), actualmente Instituto Nacional del Agua (INA), para la gestión equitativa y sustentable del recurso.
Sin embargo, desde entonces ninguna de las administraciones pudo emprender obras que definitivamente logren cumplir con el suministro de forma eficiente y abastecer de agua potable a toda la provincia. Hace cuarenta años la zona de Tartagal ya era una de las más afectadas respecto a la falta de acceso al agua corriente. El área es una de las más importantes y numerosas donde se localizan las comunidades wichis, otra es el departamento de Rivadavia.
Las zona en peor situación
Un Informe de Diagnóstico de Situación y Políticas Sociales orientadas a la Niñez en Salta realizado por el gobierno de Salta en 2015 junto con Unicef, muestra como las peores condiciones de cobertura a agua de red pública se presentan en los departamentos de Rivadavia, La Poma, Molinos y Santa Victoria, en los cuales el 47% o más de los niños y adolescentes no cuentan con acceso a este servicio de importancia vital.
Los fallecimientos por falta de acceso a los servicios básicos no son una novedad. En 2008 se murieron 14 personas, siendo la cifra más elevada de Salta de las últimas décadas. El Ente Nacional de Obras Hídricas, destinará los fondos para la construcción de 2.000 cisternas, una por cada familia, con un presupuesto de 22 millones de pesos, esto incluye los equipamientos, los seguros y una serie de costos extras.