En medio de la cuarentena, dejaron de pagarle a cerca de 600 policías que tramitaban su retiro
Sus expedientes están trabados entre la Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y el ANSES. Muchos pasaron a retiro tras quedar incapacitados por graves accidentes que sufrieron cumpliendo funciones. El ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro encendió la polémica. Dijo que son “ñoquis” y que nunca iniciaron los trámites de jubilación.
Desde los primeros días de marzo, cerca de 600 policías que esperaban su retiro y alta previsional en el Anses fueron dados de baja por la Jefatura de Policía. De esta manera, dejaron de percibir los módicos haberes que recibían como agentes pasivos (menos del 50% del salario) hasta que les salga la jubilación.
A todos los agentes que se encontraban en esta situación les empezó a llegar una notificación por parte del Ministerio de Seguridad, a la que tuvo acceso El Intransigente, que reza lo siguiente: «Conforme a lo dispuesto por la jefa de Policía Norma Morales, se solicitó a la Sección Liquidación de Sueldos, se proceda a dar de baja a los haberes que viene percibiendo, por lo que se le hace saber que su pase a retiro se hace efectivo».
De esta manera, y en medio de la pandemia, cerca de 600 familias vinculadas a la Policía se quedaron sin el único sustento que tenían mientras esperaban el alta como jubilados en el Anses.
Desde el Ministerio de Seguridad minimizaron la situación y dijeron que la demora en el alta de las jubilaciones se debe a la pereza de los propios uniformados.
“Muchos llevaban hace más de tres años cobrando sueldo sin trabajar. En muchos casos porque se les adeudaba licencia y después de eso no iniciaban su trámite de jubilación para el retiro. Hay muchos de estos vivillos que especulaban para cobrar sin trabajar. Son personas a las que la gente las conoce como ñoquis», disparó el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro en declaraciones televisivas, recalentando la situación.
Sin embargo, los afectados, que son cientos, desmintieron la versión oficial e insistieron con que los trámites de jubilación están frenados en la propia Jefatura y en la Unidad de Trámites Previsionales.
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Pamela cumplía funciones en una comisaría de la zona sur. Durante una temporada, le tocó cubrir junto a un compañero funciones de control nocturno en la Recta de Cánepa.
Una camioneta de la Policía Vial los dejaba ahí y se pasaban las madrugadas controlando a los autos que pasaban sin más equipamiento que tres conos despintados.
Una de esas noches, caminando por la banquina de la ruta, Pamela se rompió la rodilla y ahí fue que empezó su calvario.
En contra de los reportes médicos, en la dependencia donde trabajaba subestimaron su lesión y la obligaron a realizar tareas de fuerzas. Nunca se recuperó de la lesión porque no pudo operarse los ligamentos. No podía mover la pierna. Y por su incapacidad, empezó a ser discriminada, tuvo problemas con sus superiores y -denuncias mediantes- la Justicia le dio la razón. Luego una junta médica definió que lo mejor era pasarla a retiro.
Hoy prácticamente no puede caminar y a partir de marzo, cuando la Jefatura de Policía dispuso su retiro efectivo junto al de otros cientos de policías, dejó de percibir el único sustento que recibía: menos del 40% del salario por ser agente pasivo, hasta que salieran los trámites previsionales y empiece a cobrar la jubilación del Anses.
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Algo similar le pasó a Eduardo, que en el año 2012 sufrió un grave accidente en el que se fracturó literlamente la mitad de los huesos de su cuerpo. Estuvo en coma durante 37 días y tres meses más en terapia intensiva e intermedia hasta recibir el alta.
El accidente se produjo mientras cumplía funciones para la Policía Caminera. Manejaba un “coche puntero”. Así se llaman los vehículos de la Policía que van abriendo el tránsito con bocinas, balizas y sirenas para que puedan avanzar rápidamente las ambulancias cuando hay una urgencia.
En uno de esos operativos de emergencia, abriendo paso a una ambulancia que trasladaba un paciente desde Cerrillos, un remisero le cruzó el auto y terminó estampado contra el auto. Las 33 fracturas que sufrió lo dejaron con un 70% de incapacidad, de acuerdo a las evaluaciones de las juntas médicas de la agencia de medicina laboral Mas Salud y la propia Policía.
Sumadas las consideraciones de la ART, y tras meses de diversos tratamientos, también fue dispuesto a retiro. Esto ocurrió finalmente en el año 2014.
Desde entonces y y con todos los papeles presentados, Eduardo espera que la Unidad de Trámites Previsionales y el Anses le den el alta previsional. Mientras tanto, como cerca de 400 policías que están en su situación, desde marzo dejó de percibir el único ingreso que tenía como agente pasivo.
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Yanina prestaba servicios en Mosconi. Era operadora comunitaria en el territorio y trabajaba en funciones administrativas en una comisaría. Un día le tocó recibir una denuncia contra otro policía por maltrato contra un menor. Ahí empezó su calvario.
Amenazas, violencia institucional, violencia de género y discriminación. La suspendieron y le hicieron sumarios por las más diversas causas, incluso la dejaron sin goce de sueldo mientras enfrentaba los últimos meses de un embarazo.
Yanina terminó denunciando por el hostigamiento a sus superiores y todo decantó en una causa en la Justicia, donde le dieron la razón.
Una junta médica de la Justicia y otra de la propia Policía sugirieron su pase a retiro por incapacidad psiquiátrica: hasta el día de hoy Yanina sufre ataques de paranoia, pánico y ansiedad.
Como en los casos anteriores, con el retiro efectivo dispuesto por la Jefatura de Policía a partir de marzo, Yanina se quedó sin el módico haber que venía percibiendo. Mientras tanto, su expediente de jubilación duerme en los cajones de la Unidad de Trámites Previsionales: “fui al Anses y me dijeron que no habían presentado nunca mis papeles en estos años”.
