SALTA (Redacción) – A tan solo días de las declaraciones de la diputada provincial, Socorro Villamayor, sobre el proyecto de ley para el congelamiento de las cuotas en los colegios privados de Salta, se abre paso una nueva polémica en el ámbito educativo. En este marco, Roberto Suaina, Presidente del COPRODEC, dialogó con Salta4400 y dejo entrever las falencias del proyecto en cuestión. Entre ellas se encuentran: los pagos de salarios a docentes y la falta de diálogo.
En este sentido, Suaina comprende que el proyecto es resultado de una mirada parcial sobre lo que acontece y que en realidad, no atiende a la problemática real y general de las instituciones. “Por ejemplo, se está mirando un proyecto de congelamiento de cuotas, sin comprender la realidad del incremento escalonado de los sueldos docentes. O sea, es una propuesta para congelar aquello que le da la posibilidad a la institución de cumplir con los aumentos salariales”, reveló.
Por este motivo, reclamó la redacción de un proyecto “más serio que entienda que es lo que pasaría entonces con el escalonamiento de los sueldos en relación a este congelamiento”. “No nos oponemos, nos preocupa que es parcial, es una mirada incompleta”, señaló.
Un teléfono descompuesto
A este reclamo, se suma el hecho de que el Consejo no ha sido consultado, según entiende Suaina. “Tengo entendido que se anda diciendo que se ha consultado y no es así. Nosotros albergamos a más del 60% del alumnado de la educación privada de Salta y no hemos sido consultados”, expresó. Vale recordar que este porcentaje mencionado por el Presidente del Consejo, responde a los datos que el organismo contiene en relación a los colegios que pertenecen al mismo.
Frente a ello, se dijo que el 5% de los los estudiantes de educación privada se habían pasado a escuelas públicas por la situación económica del país. Precisamente, la diputada Villamayor hablaba de un 25% que estaban solicitando pasarse a la educación pública. Por su parte, Roberto suaina insistió en que nadie se acercó para realizar ningún tipo de consulta afín a estos datos.
“Yo que estoy en los colegios y que manejamos una población escolar importante dentro del sector privado, todavía no hemos tenido un movimiento que sea alarmante y significativo. Los padres manifiestan únicamente la preocupación por sus ingresos económicos y por la continuidad en el servicio educativo nuestro. Pero todavía no han solicitado ningún tipo de pases”, ratificó.
Un presupuesto que no da abasto
Como si fuera poco, la distribución del presupuesto es resultado de hacer malabares si se quiere para llegar a fin de mes. Suaina admitió que más del 85% del presupuesto es destinado a sueldos y el resto a servicios. Al parecer este sería el único ítem en común con lo expresado por la diputada. “Al año 2020 nosotros lo encaramos por la crisis del 2019 con una mirada nada más que para pagar sueldos. En el presupuesto de éste año se destinó entre el 90% y 95%”, agregó.
Considerando este contexto, profundizando en las cifras actuales y contrastando ambas miradas, el panorama queda un poco más claro. Por un lado, un proyecto de ley que busca colaborar con lo dispuesto por Nación en miras a colaborar con el bolsillo de los padres. Y por otro, la asfixia presupuestaria de las instituciones educativas privadas de la Provincia.
“A nosotros no nos preocupa tanto el tema del congelamiento. Nos preocupa que a lo que nosotros nos habilita a poder actualizar el monto de las cuotas, es el incremento salarial. El gobierno en marzo firmó un decreto dónde da un escalonado de incrementos salariales que van hasta junio con el SAC. Eso es lo que tendrían que estar tratando”, analizó.
Paralelamente, definió como “utópico” el hecho de pensar en un incremento de cuotas, para volver a hacer hincapié en la causa del problema actual. “El problema es el escalonado que ha firmado el gobierno de incrementos salariales y nos preocupa poderlos afrontar. Me encantaría saber que los legisladores estén abocados a ver ese decreto, que es lo que realmente preocupa. Ningún colegio tiene la intención de incrementar la cuota”, sentenció.
El diálogo como materia pendiente
Cabe recordar que el Consejo Federal de Educación Católica es una entidad de la iglesia, que integra la mesa directiva del consejo superior de educación católica y que depende directamente de la Conferencia episcopal. Con una cuota al valor del año pasado a fines de octubre, se encuentran trabajando en un subsidio. Este último les permitiría paliar la situación. Además se encuentran abiertos a la posibilidad de trabajar en conjunto con el gobierno.
“Si se puede destinar esa ayuda de forma equitativa, igualitaria sería fantástico, pero está ayuda no sabemos si va a llegar, como ni para quienes. La solución sería que mitiguen todo aquel impacto que está provocando que nuestros sectores tengan estas situaciones de crisis”, concluyó, Roberto.
