SALTA (Redacción) – La Justicia provincial realizó un importante avanza en una sensible causa que involucra al sistema público de salud. En medio de la pandemia, imputaron a un empresario por la venta de carne podrida al Hospital Materno Infantil. Además, enfatizaron que este acción se desarrolló cuando ya regía el aislamiento social preventivo y obligatorio. A pesar de que el acusado deberá afrontar dos cargos, decidió no acudir a la audiencia de imputación.
Precisamente, esta resolución fue dictada ayer al mediodía por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. En este contexto, notificó formalmente a Francisco Brunetti, propietario del Frigorífico Brunetti, sobre la acusación en contra. A partir de ese momento, informó que se lo investigará como autor los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y delito contra la salud pública, en concurso ideal.
Carne podrida
Esta causa se inició a fines de marzo. En esta oportunidad, la fiscal penal tomó intervención ante una denunció que el gerente general del sanatorio, Federico Mangione, había realizado a través de los medios de comunicación. Posteriormente, el médico debió concurrir a la Unidad de Delitos Económicos Complejos. En esa ocasión, mencionó que el pasado 27 de marzo había percibido un fuerte olor en la cocina del nosocomio. Ante ello, le comentaron que provenía de la carne que había suministrado el Frigorífico Brunetti.
Frente a este desagradable hallazgo, Mangione resolvió que los pacientes del hospital no podían ingerir esos productos. Además, envió una muestra del material al área de Bromatología, a fin de que determinaran cuál era el problema. Posteriormente, le comunicaron que la carne estaba en mal estado. A consecuencia de esta confirmación, indicó que notificaron a la Compañía Industrializadora Argentina de Carnes S.A. y suspendieron la licitación.
En tanto, Simesen de Bielke dictaminó que la carne de vaca y de pollo no estaba en condiciones para que fuera consumida. Al mismo tiempo, determinó que el envío no respetaba los requisitos que estaban incluidos en los pliegos de contratación. Además, aludió que este accionar representó un perjuicio al patrimonio de la Provincia. En ese orden, manifestó que la empresa pretendió obtener los pagos por haber suministrado la mercadería, aún en esas condiciones.
