(Por Diego Nofal) El proyecto que inició de la mano del diputado Ignacio Jarsún hoy tiene más detractores que adeptos. La implementación de las pistolas Taser dejó de tener el apoyo que tuvo al inicio, y esto se debe a la mala imagen que el legislador salteño fue ganando. Acusado de apología al delito, va coleccionando denuncias por parte de los Derechos Humanos. Jarsún se ubicó entre los diputados más cuestionados de Salta.
Ramón Corregidor, recientemente designado por la Cámara de Diputados provincial como integrante del Comité contra la Tortura, adelantó que el trabajo que prevé llevar adelante y garantizó: “Vamos a ser firmes defensores de los derechos humanos de los presos”. De esta manera, Ignacio Jarsún se enfrenta a un nuevo obstáculo en cuanto a la implementación de las pistolas Taser. Hasta ahora el panorama no es prometedor.
Corregidor señaló que existen algunos problemas de organización, teniendo en cuenta que se encuentran trabajando en el marco de la pandemia. “No nos podemos juntar mucho, estamos esperando la resolución ministerial de reconocimiento de la comisión. Estamos trabajando con el presupuesto, que dice el artículo 15 de la ley 8024”, dijo, dejando en claro que pese al contexto sanitario, siguen trabajando.
En cuanto al polémico proyecto presentado por el diputado Ignacio Jarsún remarcó que: “Está absolutamente comprobado en el mundo que es un instrumento de tortura”. Además, expresó su disconformidad con el escrito del exrugbier: “Voy a luchar para que la provincia de Salta no adquiera ninguna pistola, y si la adquiere vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios”.
También hizo referencia a los dichos de Jarsún en sus redes sociales, en donde hizo pública su postura a favor de la pena de muerte. Siguiendo esa línea, Ramón Corregidor recordó que la pena de muerte en Argentina está prohibida por la Constitución Nacional, por lo que explicó que Jarsún “va a tener que pedir que se reforme la Constitución Nacional, así que no tiene ninguna viabilidad”, cerró.